“La CNU me vino a buscar para matarme y un taxista me salvó la vida”
Alberto Muñoz era un adolescente cuando lo fueron a buscar a su casa para matarlo, pero no lo encontraron. Y tenía algunos años más cuando fue detenido en Mendoza, en febrero de 1976. El testigo prestó declaración en el marco del juicio CNU, donde diez civiles y un militar retirado son juzgados por asociación ilícita y algunos de ellos por ocho homicidios cometidos en la antesala del golpe de Estado cívico-militar de 1976. Leer más
El Tribunal sentenció a un ex policía federal a ocho años y medio de prisión y a su esposa, a cinco. El jefe del apropiador, acusado de entregador, recibió siete años y medio. La Fiscalía había pedido entre 11 y 15 años y esperará los fundamentos para evaluar si recurre. 
A la luz de ciertos antecedentes y de las actuales designaciones, todo parece indicar que el gobierno de Macri significa la toma del poder por parte de los “nietos de la fusiladora y los hijos de Videla». El católico ultraderechista y colaborador de los genocidas, Santiago De Estrada, fue elegido para la Secretaría de Culto. 
La Audiencia Nacional de España le concedió un permiso para dejar por seis días el penal español donde cumple sentencia por los «Vuelos de la Muerte». 
Además, solicitaron otras cuatro penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Entre los acusados están Jorge “El Tigre” Acosta y Alfredo Astiz. 
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación del nieto 119, Mario Bravo, quien ya se reencontró con su madre Sara, y aseguró que «estas cosas no pasan por milagro». 
Así lo expresó Abel Ayala, testigo en la audiencia del juicio que ventila los crímenes de la agrupación de ultraderecha antes del golpe de Estado. Además, contó que Demarchi –uno de los imputados– le había ofrecido a él y a su agrupación controlar la Facultad de Humanidades a cambio de hacer una “limpieza de los sectores más radicalizados”. 
La socia política del presidente electo Mauricio Macri siguió la línea del polémico editorial del centenario matutino aseguró que «no se puede tener presos a hombres de 80 años sólo por venganza». 
Además, se hizo lugar al pedido de los fiscales de que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido las penas que dispuso el tribunal. Los represores estaban acusados por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas. Entre ellos, dos obreros gráficos de La Nueva Provincia.