Juicio político para un juez y dos fiscales del caso Luciano Arruga
Son las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas y el juez de Garantías Gustavo Banco, del Departamento Judicial La Matanza. Están acusados de haber entorpecido la investigación. A partir de ahora se iniciará el sumario para formalizar la acusación y decidir sobre la actuación de los funcionarios judiciales bonaerenses. Leer más

Se trata de Adolfo Osvaldo Porcel acusado de fraguar un allanamiento en el que se intentaba obtener material genética para un cotejo de ADN y la restitución de identidad de Pedro Sandoval Fontana.
El secretario de Justicia Julián Álvarez, ratificó las denuncias contra el magistrado y repasó las principales acusaciones que pesan sobre el juez, quien el jueves pasado ordenó un allanamiento a oficinas de la sociedad Hotesur, empresa vinculada a la familia de la Presidenta.
Lucas Ariel Azcona es el único detenido por el crimen de la estudiante chilena Nicole Sessareggo Borquez. “Lo prudente sería que no declare. Más allá de que sea imputable, creemos que este muchacho está enfermo y tiene una alienación mental”, había adelantado su abogado defensor, Jorge Adrián Borgo.
El senador nacional Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) manifestó que un procedimiento como el ordenado por el juez federal Claudio Bonadio «no se hace en ningún país del mundo», y definió la actuación del magistrado como «un gesto falto de decoro».
“Hay suficientes pruebas para ir a juicio”, aseguró el abogado de la familia denunciante. Ahora, el juez debe decidir.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense se reunirá el martes 25 para resolver si corresponde iniciar un jury a las dos fiscales y al juez de Garantías que investigaron la desaparición de Luciano Arruga, hallado enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, el 17 de octubre pasado, tras ser buscado durante casi seis años.
El juez de la Corte Eugenio Zafaroni, que semanas atrás envió por carta a la presidenta su renuncia, se refirió de esta manera a la negativa de los partidos opositores de consensuar un postulante con el gobierno nacional.