Febrero Caliente: Despidos y Paritarias en la Provincia

La falta de presupuesto o de aval para tomar deuda ya no puede ser excusa para la gobernación. Seguramente en los próximos días se dé curso al inicio de las negociaciones salariales en la Provincia. Algunos llamados a hacerlo ya están hechos.
Es muy significativa la desvalorización de los salarios producida por la notable suba de precios resultante de la anunciada y consumada devaluación de más del 40% que gestó el gobierno macrista, y que vino a sumarse a la ya habitual tendencia inflacionaria. Es mucha la expectativa puesta en la paritaria próxima. En ella se juega una posible recuperación del poder adquisitivo o que la fenomenal devaluación resulte “triunfante” como mecanismo de licuación del salario.
Serán negociaciones salariales signadas por un nuevo escenario y un nuevo gobierno de distinto signo político, que -por si no se pudiera haber sabido de antes- en poco tiempo de gobierno ya mostró de qué va.
La gestión Scioli estuvo atravesada por una marcada tensión con las organizaciones gremiales, signada por reivindicaciones salariales que clamaban por recomposiciones salariales acordes con la inflación o incrementos que más que en actualizaciones redunden en mejoras significativas de los salarios reales acompañadas de demandas vinculadas a la precariedad laboral, irregularidades o “falencias” vinculadas a un insuficiente financiamiento en distintas áreas. La generalidad fue la de incrementos salariales que se arrimaban a empardar el incremento de precios. Al no empatarlo llevaron año a año a una apreciable pérdida de poder adquisitivo para muchos asalariados provinciales. Desde ya, esto con situaciones variables según distintos grupos de trabajadores. Lo que sí primó fue la estabilidad laboral; no fue una gestión que conociera de reducciones de empleo público sino más bien de una expansión del mismo en sintonía con Nación y los Municipios en general. Eso sí, la estabilidad fue estabilidad en los hechos, que no se encontró garantizada en las formas contractuales de muchos de los trabajadores.
El escenario actual es bien distinto. Asistimos a un escenario de despidos masivos en el Estado nacional y en muchos municipios, y del cual no escapa la Provincia. Hoy la cuestión de preservar el empleo emerge como eje central de la tensión entre las organizaciones gremiales y la Gobernación, quedando –aunque no guste decirlo- a la par de las reivindicaciones salariales.
Si al empleo privado lo genera ante todo la demanda interna y ayuda a preservarlo la legislación laboral y las formas contractuales, el empleo público se halla vinculado a los recursos de los que se hace el Estado y a concepciones sobre todo ideológicas vinculadas al alcance del Estado. Hay quienes dicen: a los despidos de hoy los facilitó la precarización de ayer. Si en el sector privado la prédica de menguar en las reivindicaciones salariales para preservar el empleo es en la mayor parte de los casos un chantaje que hace pie en la falacia de mostrar sólo una parte del proceso económico, en el sector público la amenaza de “cedan en reivindicaciones salariales para preservar empleo” tiene otra fuerza, pues el empleo público responde a otra lógica.
La provincia despide, discontinúa contrataciones. En principio lo hace con su llamado a los jefes de personal de cada dependencia del Estado a reducir los planteles, que ya cumplen con la tarea.
Cabe preguntarse cuáles son los alcances del Estado que puede poner en cuestión la nueva gobernación amenazando con pérdida de empleos. Téngase bien presente la magnitud del empleo provincial. En empleo y salario aquí hay mucho en juego.
Los distintos gremios que componen frente gremial docente, la CICOP, la Asociación de Judiciales Bonaerenses y ATE ya han puesto sobre la mesa sus reivindicaciones salariales. Lo hacen, pidiendo aumentos del orden del 35 al 45% y viendo todos -al menos en un principio por lo que expresan- como inaceptables, ofertas inferiores al 30%.
La CICOP pide un 40% de aumento como mínimo. ATE reclama un 44%, y advierte sobre las numerosas renovaciones de contratos por tan sólo 3 meses y los posibles futuros despidos y clama por la –por cierto muy difícil- reincorporación de los ya despedidos o cesanteados. Baradell habla de un piso del 35%, FEB clama por celeridad y una discusión paritaria abierta durante todo el año.
Desde Nación busca fijarse una pauta del 25%, manifestada por el ministro Bullrich a la cabeza en los prontos aumentos a docentes de algunas provincias y con las expresiones del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, vinculando esa pauta a las metas inflacionarias del gobierno.
Desde los gremios no tardaron en responder: “Si buscan bajar la inflación a costa del salario el conflicto está garantizado”.
La paritaria docente es el principal escenario de negociación al que se asiste. Ella comprende a muchas personas. Son aproximadamente 300.000 los docentes bonaerenses. Y pone en juego más cosas que el salario de los docentes. Acaso la posibilidad de poder iniciar el ciclo lectivo en tiempo y forma de acuerdo a lo decidido, haciendo de eso un hecho positivo y una buena “pantalla” para el gobierno provincial, una “buena carta de presentación”. Cosa que dudó que logren si perseveran en ese número. Además será una importante pauta para el resto.
Desde gobernación los dichos fueron que no hay peor aumento que aquel con el que no se puede cumplir y que quieren pagar el mejor salario docente que les sea posible porque la educación para ellos es prioridad.
Veremos que nos depara esta semana y seguiremos de cerca el escenario del empleo y de las negociaciones salariales bonaerenses.