«Cambiemos» cumpliendo su cometido

Reducir el nivel de empleo para reducir salarios es un eje de un programa que pretende reducir los costos laborales en desmedro de los trabajadores. De eso va buena parte del programa de “Cambiemos”.
La clave para empujar salarios a la baja en términos reales es consumar un aumento del desempleo que reduzca la capacidad negociadora de los sindicatos y de los trabajadores individualmente, que discipline, ponga a competir por el empleo y lleve a ceder en la negociación para preservar el empleo.
Podrán contribuir con el cometido la erosión o eliminación de las instancias de negociación colectiva, reformas en los regímenes de trabajo que faciliten los despidos o una libre disposición de la mano de obra en desmedro de los trabajadores o la incidencia de un aperturismo comercial indiscriminado.
Tengámoslo presente: tenemos un gobierno que refuerza la faceta represiva del Estado, sembrando el miedo para menguar la organización y movilización popular. Cualquier violencia suscitada desde los ajustados intransigentes y movilizados será justificativo para reprimir.
Los niveles de empleo dejados por el kirchnerismo son para ellos parte de la “pesada herencia K”. Por mucho que disten de ser la panacea son un estorbo para la Argentina que pretenden.
También es parte de su programa reducir el Estado, sus intervenciones, sus competencias, reducir el alcance del Estado.
Poco les importa de dónde provengan los despidos. Aunque podar el número de empleados públicos es para ellos “matar varios pájaros de un tiro” y quizás lo que queda más al alcance.
Ya asistimos a un escenario de despidos tanto en el sector público como en el privado.
Parece una contrapartida necesaria de un programa que viene a reducir la presión fiscal concediéndole a los sectores más pudientes una menor carga impositiva. Tienen facilidades para hacerlo al ser temporarios muchos de los contratados. Les basta con no reanudar contratos. Se condice con la pretensión de retirar el Estado en cuanto a sus prestaciones, intervenciones y competencias. Visto así, la planta de trabajadores estatales les resulta excesiva y disfuncional.
Discursivamente arremeten contra el empleo público tildándolo de ineficiente, “artificial”, innecesario, supernumerario, denunciando una abrumadora presencia de “ñoquis”, diciendo que el Estado no es una bolsa de trabajo. Pero esto no queda ahí. Cobró notoriedad la pretensión de barrer del Estado a quienes consideren “militantes”, de estar encima de las adscripciones políticas de los trabajadores y llegado el caso prescindir de quienes les convenga. Y espero equivocarme, pero creo que tienen aceptación mayoritaria en quienes se hacen eco de este discurso.
La fenomenal alza de precios que vino con la devaluación anunciada y consumada sumada a la inflación anual vino a reducir drásticamente el poder adquisitivo de los asalariados, que en su gran mayoría aún esperan negociaciones que recompongan o compensen la pérdida. La devaluación ha sido históricamente un mecanismo para licuar el salario. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios ya es un hecho. Que la reducción se torne finalmente significativa dependerá del resultado de las negociaciones y de las futuras evoluciones inflacionarias. Gestar un escenario de mayor desempleo viene a favorecer el propósito de quienes quieren reducir drásticamente los salarios haciendo efectiva esa reducción salarial devaluatoria que deja aún más cuesta arriba negociar.
Muchas comunas pasaron a manos de la alianza Cambiemos. Nuestra colosal provincia es del signo político que hoy preside la Nación. El programa reductor del Estado, podador del empleo público y los salarios encuentra ejecutores en los distintos niveles del Estado. Pero hay que decirlo: también intendencias del FpV acompañan con cesantías.
Desde el ejecutivo nacional no han tardado en llegar los despidos y la presurosa revisión de muchos contratados.
La gobernación cumplió con los salarios de diciembre y con los aguinaldos pero no tomó presurosas medidas para compensar la pérdida de poder adquisitivo y luego sentarse a negociar salarios. Escudarse en lo comprometidas y estrechas de las finanzas provinciales les ha venido bien para ocultar sus verdaderas pretensiones.
En estas circunstancias valdría el apresurado inicio de las mesas de discusión salarial, pero lejos de darse se pospone. Esto, en lo que respecta a la provincia y a lo salarial.
El otro eje, el empleo, ha sido atacado desde gobernación. Enunciando el propósito de reducir en un 30% el número de “cargos políticos” y orientando en ese sentido la nueva ley de ministerios. Viniendo de donde viene no debemos ser ingenuos. Aunque tampoco parece una gran embestida.
En el terreno de los municipios, la situación es más delicada. La precariedad del empleo pone más a disposición de los intendentes la posibilidad de prescindir de trabajadores. En cuanto han podido y han visto conveniente, varios intendentes han despedido o -lo que es similar- no han reanudado contratos. En el curso de estas semanas nos hemos anoticiado de varios municipios despidiendo o no reanudando contratos al por mayor.
El caso es que les duró poco la alegría a los trabajadores municipales. A poco de legislada una Ley de Municipales, que introduce la obligación de encuadrarlos dentro de negociaciones paritarias y dentro de garantías de salarios mínimos y que fija la normativa de tener en planta permanente a al menos un 80% de los trabajadores, debieron toparse con la decisión de gobernación de posponer el inicio de las paritarias municipales por el plazo de 180 días.
Gobernación cedió pero lo hecho ya marca una pauta. No bastó con la legislación y el escenario de ajuste, espiral regresiva, represión y decretismo no imparte demasiadas esperanzas. Habrá que ver.
Veremos cómo continúa esta secuencia. Espero estar equivocado y no presenciar este dominó regresivo de empleo y salarios.