Ritondo es Granados, pero con libertad para reprimir

A instancias de una primera reunión del Consejo de Seguridad Interior y con acuerdo de los allí presentes ministros de seguridad provinciales, jefes de policía, representantes de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, representantes de SEDRONAR e INTERPOL, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich instó a que se declare Emergencia en Seguridad a nivel nacional. Efectivamente se la declaró. En consonancia con esto y sin más dilaciones, la gobernadora María Eugenia Vidal introdujo en la Legislatura Bonaerense un proyecto de ley que declara para la provincia Emergencia en Seguridad por el lapso de un año.

Como prédica justificativa de las medidas se menciona la imperiosa necesidad de combatir el narcotráfico y para ello fijar especial prioridad a resguardar las fronteras, de acuerdo a lo expresado por la ministra Bullrich. Por parte de Vidal, Ritondo y lo manifiesto en el propio texto ingresado en la Legislatura se plantea la emergencia sobre todo en términos de llamamiento urgente a resguardar la integridad física y los bienes de las personas en un momento en que discursivamente asumen que el delito y la propiamente llamada “inseguridad” están al acecho. Aunque el eje del narcotráfico se hace presente también.

Todo esto a poco de asumir Mauricio Macri la Presidencia y a instancias de un ajuste que ya está en marcha. ¿Acaso incrementar el peso del aparato represivo del Estado no es condición necesaria o parte de una batería de medidas para llevar un programa de ajuste como el que ha comenzado? ¿Acaso no es esto verdaderamente lo que está detrás de esta “Emergencia en Seguridad” y la prédica de la lucha contra el narcotráfico como problemática sobredimensionada no es más que un pretexto? ¿Acaso no se busca otra cosa más que dar lugar a disposiciones que conduzcan a una mayor militarización de las barriadas populares, que fortalecer el aparato represivo del Estado en pos de avanzar en el control social, que contener las inminentes manifestaciones y protestas que desataría el programa de ajuste ya en curso y que recrudecer las políticas de mano dura?, ¿verdaderamente podemos creer que estamos frente a una efectiva persecución a los millonarios del narcotráfico desconociendo cualquier tipo de menciones a sus socios policiales, judiciales y políticos?

La designación de Pablo Bressi como jefe de la policía ha sido presentada como la designación de un experto en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico. Pero lo cierto es que no es un nombre nuevo ya que justamente viene de ser Superintendente en Investigaciones sobre el Tráfico de Drogas Ilícitas y valdría no ser ingenuos respecto a cómo disfrazó el nombramiento el propio Cristian Ritondo, actual Ministro de Seguridad de la Provincia, cuando señaló que “fue recomendado por la DEA” (oficina del gobierno norteamericano en lo que respecta a drogas).

En cuanto al proyecto de Emergencia en Seguridad enviado por la gobernadora a la legislatura bonaerense el mismo contempla otorgar al Ministerio de Economía mayores márgenes de maniobra en lo que respecta a adicionar partidas presupuestarias a la cartera de seguridad y también da mayores facultades al Ministerio de Seguridad en lo que refiere a reasignar funciones y destinos del personal de la bonaerense y afectar a diferentes funciones operativas. No debe pasar inadvertido que el Proyecto de Presupuesto recientemente enviado a la Legislatura Provincial contempla para la cartera de Seguridad un aumento presupuestario mayor al de áreas como la de Cultura y Educación y la de Salud (53%, 43%, 42% respectivamente). Todo esto como si no bastara la mayor incidencia presupuestaria que le imprimió la gestión Scioli a la “Seguridad” y la centralidad –criticable en cuanto a sus manifestaciones- que le dio al área que se ve reflejada en un incremento fenomenal del número de efectivos (llegando casi a los 100.000 ), razón por la cual ha sido flanco de críticas aludiendo justamente a una política de mano dura, a un ‘refuerzo de las fuerzas represivas del Estado’ y evidenciando una política que otorga prioridad a esta área en detrimento de otras, lo cual dice mucho. De hecho el propio Ritondo expresó acuerdos con la política llevada adelante por el ministro Granados.

Visto así, este nuevo gobierno vendría a reforzar esta tendencia. Habrá que ver cómo decantan estas iniciativas. Queda por verse cuáles serán en lo concreto las políticas en el área. Pero es de preverse, y más con estos anuncios, una política en la dirección de reforzar el aparato represivo del Estado para contener las protestas, las movilizaciones, el conflicto social y la violencia social que desata un programa de gobierno signado por un brusco ajuste. En última instancia para reprimir la movilización popular. Habrá quienes digan con fundamento que un programa de ajuste no se consuma sino es con represión mediante o que por lo menos sirve la represión a los fines de doblegar al pueblo y consumar el ajuste.