Pidieron 25 años de prisión para los cinco imputados por la causa «Carbón blanco»
Federico Carniel y Carlos Amad requirieron la misma pena para todos los imputados, a quienes consideraron coautores del contrabando agravado de estupefacientes. También, reclamaron que se los investigue por otro hecho junto a seis empleados de la Aduana, y pidieron ampliar la imputación contra otros aduaneros que ya están procesados.
Los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad requirieron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia que condene a 25 años de prisión y al pago de una multa equivalente al valor de «cuatro veces el valor de la mercadería en plaza» a los cinco acusados del contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa escondida en contenedores de carbón vegetal, durante la segunda parte de su alegato en la emblemática causa por narcotráfico conocida como «Carbón Blanco». También, requirieron la investigación de los acusados y de seis empleados de la Aduana por su intervención en un cargamento de 2011 similar a los tres ventilados en este juicio.
Carniel y Amad encontraron responsables al abogado Carlos Salvatore y a los empresarios Patricio Daniel Gorosito, Rubén Félix Esquivel, Carlos Pérez Parga y Héctor Ángel Roberto como «coautores responsables del delito de contrabando de estupefacientes doblemente agravado por el destino de comercialización, como así también por la participación de tres o más personas, en tres hechos que concurren en forma real entre sí».
En la audiencia de ayer, el fiscal Amad se concentró en la prueba que vincula a los empresarios Esquivel, Pérez Parga y Roberto con la empresa criminal, luego de que la semana pasada el fiscal Carniel describiera las responsabilidades de Salvatore y su mano derecha Gorosito en los tres cargamentos detectados en Buenos Aires y Lisboa entre marzo y abril de 2012.
En el final de su exposición, los representantes del MPF además requirieron que se investigue la responsabilidad de los cinco acusados en calidad de coautores y de seis trabajadores de la Aduana, como partícipes necesarios, en el tráfico de cocaína realizado a través de un cargamento enviado a Lisboa el 3 de noviembre de 2011 con la misma modalidad de esconder el estupefaciente en las bolsas de carbón vegetal, en el que se contrabandearon 500 kilos de cocaína. Doce kilos de ese carga quedaron «olvidados» en el contenedor y fueron descubiertos por los empleados de una empresa de procesamiento de carbón que hicieron la denuncia que dio origen a la causa en la justicia de Portugal.
El pedido de investigación a los aduaneros por ese caso tiene como clave el hallazgo de un documento de uso exclusivo de la Aduana en una de las oficinas de Salvatore allanadas durante la pesquisa: se trató del informe de una inspección por scanner realizada el 17 de agosto de ese año a aquél cargamento, que había dado resultado «sospechoso».
Los fiscales señalaron que la presencia del documento en la oficina de Salvatore «demuestra a las claras la participación necesaria del personal aduanero», pues se comprobó que «puede salir una carga de carbón al exterior con todo lo que ello significa, arrojando el scanner una imagen sospechosa». «Esto demuestra a las claras la connivencia dolosa entre los aduaneros y Salvatore. Nada tenía que hacer la copia del scanner en poder del jefe de la banda o de cualquier otra persona», indicó Amad.
En efecto, ya hay una causa abierta contra otros cinco aduaneros procesados, pero por su intervención en una infracción al Código Aduanero, por los tres cargamentos de los que trata este juicio. Los fiscales adelantaron que pedirán que se les amplíe la imputación por la participación directa en el contrabando, dado que hasta ahora estaban siendo investigados por la falla en los controles.
El alegato del Ministerio Público comenzó demorado, durante la tarde, porque por la mañana el abogado de Gorosito, Silvio Piorno, recusó a Carniel y a Amad alegando que se habían reunido la semana pasada «a sus espaldas» con el propio acusado en la fiscalía, quien efectivamente había concurrido a la oficina de los fiscales acompañado por la codefensora Nora Rey para realizar una serie de planteos sobre su estado de salud.
La recusación fue rechazada in límine [sin análisis] y con imposición de costas por el tribunal, luego de que los fiscales reconocieran y reivindicaran el encuentro como parte del trabajo que realizan diariamente y de que la propia defensora contara que fueron ella misma y Gorosito quienes pidieron la reunión. Rey destacó la honorabilidad de los fiscales, dado que Piorno además había acusado a los dos funcionarios de querer usar a Gorosito para perjudicar a Salvatore.
El incidente, que demoró el debate y demostró diferencias entre los defensores de Gorosito, derivó en la renuncia de Rey a la defensa del acusado, que ahora sólo será defendido por Piorno. En tanto, los abogados de Salvatore no dijeron nada al respecto.