La corpo judicial ataca de nuevo

Hoy la Sala I de la Cámara Federal apartó al Juez Bonadío de la causa Hotesur. La información breve, en una línea, puede disparar algún alerta sobre la independencia de los miembros del Poder Judicial y sus acciones. De seguro haya quienes ya se estén transitando el gastado camino de horror al leer esa oración del principio y hayan, incluso, empezado a garabatear carteles en donde dirán ser Bonadío, y remarcarán ese nuevo “Yo soy…” con los crayones afilados del indignado permanente. Pero hay que leer un poquito más, hay que informarse un poquito más, por esa simple razón de que el diario no haga lo que quiera con nosotros.
Bonadío utilizó la policía porteña, la Metropolitana (esa que creó Mauricio Macri), para recavar documentación en Río Gallegos sobre la causa Hotesur. Para tal efecto hizo viajar a 42 efectivos cuyo traslado, estadía y viáticos fueron pagados con el dinero de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algún porteño que lea esto último y esté preparando el cartelito del Je Suis, quizá empiece a mirar con desconfianza el crayón de siempre. Un tanto irregular, ¿no? No sólo por el gasto aprobado por el actual Jefe de Gobierno, sino porque son efectivos que dejaron de realizar los trabajos para los que fueron nombrados originalmente, que son la prevención del delito en CABA.
El Jefe político de la Metropolitana es Macri, y esto es una mera operación contra el Gobierno Nacional, a pocos días de las PASO. Sin ningún interés en discutir los detalles de la causa Hotesur en sí, -en la que se investigan presuntas irregularidades administrativas y posible lavado de dinero del Hotel Alto Calafate, perteneciente a la familia de la Presidenta-, es insoslayable la connivencia entre el PRO y el accionar de Bonadío con su disparatado gasto de 10 millones de pesos del erario porteño para llegarse hasta Santa Cruz. Eso se llama operación política, y casi ni hace falta ponerlo en la coordenada electoral en la que estamos inevitablemente.
Ahora quizá estén enrollando el cartelito y no se sientan tan Bonadío, pero pueden solidarizarse con Víctor Hugo Morales, a quién hoy abogados de Clarín le allanaron la casa por una causa del año 2000. Hay que indignarse por ese atropello a la libertad de expresión, por esta nueva afrenta de la Corporación Judicial, quien elige cajonear la Causa Papel Prensa, por ejemplo, pero decide estar al pie del cañón del multimedios y actuar de acuerdo a las necesidades de éste.
La causa contra Víctor Hugo es por transmitir una imagen parcial de un televisor que daba un partido de fútbol, cuando Clarín también tenía la transmisión de los partidos. Y ese hecho merece un accionar ejemplar de la justicia, y Papel Prensa y la sangre derramada, no. No es ironía, es corrupción. Es mafia.
Expliquen qué pruebas de los goles transmitidos de refilón puede haber en la casa de Víctor Hugo, 15 años después. El allanamiento, que es una medida válida judicial, es para buscar pruebas, pero si no hay pruebas para recabar, es un acto de pura intimidación. Es un intento de amedrentar a un periodista que, sabemos, no comulga con el ideario de Magnetto. Y eso es otra operación política en donde el Partido Judicial activa y extiende su largo brazo. Y aprieta.
Podemos entender los ataques, aun sin compartirnos podemos hacer el esfuerzo y entender que estamos presenciando los manotazos de ahogados de las corporaciones que se están dando cuenta que vuelven a perder en Octubre, pero lo que no podemos aceptar es que le insulten la inteligencia a las personas, es todo muy obvio, muy brutal. Es desesperación y, también, todavía, impunidad.