GreenVerso

En los últimos días se festejó con mucha pompa lo que se presentó como “el final de una vieja disputa” al anunciar que se había aprobado la provincialización de la Reserva Puerto Mar del Plata, que finalmente no estaría a merced de las oscuras intenciones del club Aldosivi.

Nadie advirtió que quienes festejaron fueron los mismos que desde algún escritorio entregaron la Reserva para que Aldosivi la lleve a su actual grado de deterioro y que ahora quedarán al margen de algún cuestionamiento judicial por serias omisiones en sus funciones.

Hace ya algunos años, el predio que era de Gas del Estado junto a la Reserva, fue cedido en comodato por 30 años al Club Aldosivi, que ya la usufructuaba en plazos que vencían cada 3 años y por lo tanto le impedían al club encarar obras que no sabían si se iban a poder continuar utilizando en plazos tan exiguos.

Inmediatamente el club trajo camiones y topadoras y arrasó la flora y la fauna, no sólo del sector que se le había cedido, sino de uno aún más amplio que llega hasta la Avenida de los Trabajadores. De inmediato los vecinos y distintas agrupaciones presentaron recursos para que la Reserva Puerto no fuera avasallada. Se suscitó el tradicional problema de jurisdicciones propiciado por los políticos que luego, cuando se presenta este problema, se muestran tan sorprendidos como inmóviles a la hora de resolverlo.

Mientras los funcionarios paraban la pelota y se fijaban de qué se trataba el tema, Aldosivi destruía el medio ambiente en una especie de blitzkrieg.

La Reserva estaba consagrada como tal por una ordenanza de la municipalidad de General Pueyrredon aprobada con la promesa de que habría una ley provincial ulterior que copiaría, más o menos textualmente, sus conceptos. Abarcaba toda esa área al sur del Puerto y todos los espacios verdes y lacustres de Punta Mogotes hasta Waikiki o Punta Cantera. Aldosivi desconocía la injerencia municipal sobre el sector, pese a que un anterior fallo que por otro motivo emitió la Corte Suprema, declaraba a la Municipalidad “con poder de policía” y quien debía hacer cumplir la legislación vigente en el lugar.

Nada hizo desde ese momento el municipio, ni el intendente Pulti ni tantos de sus funcionarios, para frenar el desastre ambiental.

Tampoco el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable.

Greenpeace dijo en ese momento que “tenía otras prioridades”.

Se sucedieron lances judiciales, altercados con barrabravas del club, denuncias, amenazas, etc.

Aldosivi sostenía que toda la Reserva era “un charco hediondo lleno de aguas servidas, pastos crecidos y donde se sucedían violaciones entre gente que se drogaba y vivía allí subrepticiamente” y que por lo tanto ellos “lo estaban dejando hermoso” y haciéndole un bien a la ciudad, cuyos niños tendrían un lugar para practicar deporte lejos de las tentaciones de la calle.

No hubo un funcionario que jugara a favor del medio ambiente, pese a los innumerables estudios, documentos, fotos, libros y testimonios que sostienen que ese lugar es un humedal único en la provincia. Aldosivi y su dirigencia, en el paroxismo de la ignorancia sostenía que las fotos de aves en la Reserva “eran sacadas de enciclopedias de otros países”.

Peor aún: en febrero de 2011, en plena polémica por la destrucción, el gobernador Scioli aterrizaba su helicóptero en el predio de Aldosivi donde, junto al intendente Pulti, el hoy concejal y exdiputado provincial, autor del proyecto de cesión del predio a Aldosivi, Daniel Rodriguez, Horacio Tettamanti, hoy funcionario nacional y detractor de la Reserva y el fallecido Eduardo Pezatti departieron amablemente con el presidente del club y magnate de la siempre vidriosa industria pesquera, José Moscuzza.

Una provocación innecesaria.

Mientras tanto, Aldosivi continuaba con las obras que incluyeron el rellenado de la laguna de la Reserva con escombros provenientes de la obra de las torres del arquitecto César Pelli en Playa Chica. Camiones de la empresa LuvialMaq iban y venían trayendo todo el tiempo las rocas que le quitaron a la laguna una considerable superficie.

Algo que se hizo a la vista de todos, que es visible dado el borde recto que ahora ostenta la laguna y que el club niega sistemática y cínicamente.

Canchas de fútbol, de entrenamiento, pequeñas tribunas, instalaciones de riego, de gas y cloacales y columnas de alumbrado pueden verse hoy donde antes cientos de especies de aves migratorias hacían sus nidos.

El predio que Aldosivi había arrasado por fuera del adjudicado por la ley, según se supo, había sido donado por el Consorcio Portuario en un trámite muy oscuro: es lógico que, si para cederle el predio inicial se precisó una ley provincial, no es posible que un consorcio se atribuya funciones supraparlamentarias.

Por supuesto, Aldosivi no aprobó la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental. Primero presentó unos papeles de contenido inconsistente y cuando le fue exigido un estudio serio, no pudo obtener la aprobación. Pero nadie clausuró sus obras, que seguían día tras día. Hicieron falta dos fallos de la Justicia instando a esta acción, y sin embargo, nadie en el Municipio de General Pueyrredon, ni en la Provincia, ni en ninguna oficina movió un dedo para cumplir el mandato judicial.

La trama de corruptelas y el escaso escándalo que despertó sólo es explicable en lo poco que importan algunos sectores de la ciudad a los mismos marplatenses.

Desde los medios, todos los esfuerzos fueron tibios o al menos, inconstantes. El periodista promedio juzga imprescindible en estos casos expresarse con objetividad, informar con responsabilidad, con mesura, con seriedad y todo eso que no demuestra cuando se transforma en un hincha más e informa de los resultados deportivos del club.

El problema no era con el club en tanto institución deportiva, pero para algunos informadores, la mezcla no fue involuntaria.

Con la Evaluación de Impacto Ambiental desaprobada, la situación del club no era muy cómoda. Sin embargo, el responsable del área ambiental del municipio de General Pueyrredon aseguró en los medios que Aldosivi “había sido ambientalmente responsable”.

Cuando algunos funcionarios empezaban a ser pasibles de ser indagados por la Justicia por su inacción en el tema, apareció la tabla salvadora del proyecto de ley.

Una ley que parece sancionar a la víctima y no toca al victimario.

Y ahí si, aparece Greenpeace, a ocupar el lugar “de lucha” que habían sostenido los vecinos pagando de sus propios bolsillos a carísimos abogados, para peinarse y salir en una foto en la que nunca figuraron, ni quisieron estarlo: ahora la cosa era “La Provincia contra Greenpeace”.

Por empezar, la ley recorta lo establecido en la ordenanza original. Es menos amplia, ya que sólo incluye como Reserva a una cierta área al sur del puerto, pero no a los espacios verdes y lacustres frente a los balnearios de Punta Mogotes, dejando los mismos a merced de las intenciones comerciales de algunos legisladores del oficialismo provincial y que se habían logrado disipar en ocasiones anteriores por imperio de la ordenanza.

También, al no ser tomado ese sector como Reserva, el municipio de General Pueyrredón no precisará de incómodas excepciones al Código de Ordenamiento Territorial para permitir levantar edificios sobre la costa que echen sombra sobre el sector verde, tal cual demandaba la ordenanza.

Ya sabemos, una mano lava la otra…

Pero por sobretodo, consagrar a un sector de la primitiva Reserva como tal y dejar afuera de esa consideración al predio ocupado por el club, le permitirá al mismo aprobar la Evaluación de Impacto Ambiental cuando no, obviar este trámite, en tanto se ha morigerado su condición. Es cierto que la ley declara a Aldosivi “Refugio de vida silvestre”, pero si nunca respetó una clasificación de “Reserva”, jamás lo hará con una calificación ambigua de menor cuantía, y en caso de que la ley plantee un “sector gris” de difícil comprensión, siempre habrá abogados trajeados y jueces solícitos dispuestos a otorgar inclaudicables recursos de amparo.

Pero peor aún: la ley crea un “comité de gestión” de la Reserva, integrado por la Municipalidad de General Pueyrredon y organismos provinciales competentes, es decir, quienes en todo momento ningunearon toda acción tendiente a cumplir los fallos a favor de la Reserva. Algunos respirarán aliviados al ver que la ley prevé integrar a los vecinos a este comité. Si leen dos veces, verán que las sociedades civiles que puede integrar este comité deberán tener “personería jurídica”, es decir, los vecinos quedaron una vez mas afuera, porque salvo Greenpeace, que acaba de dañar las líneas de Nazca, en Perú, no estarán autorizados a actuar en este caso.

Greenpeace, la organización que tiempo antes de tratarse la ley, aseguró que Aldosivi “hacía meses” que había paralizado las obras en la Reserva y que cuando demostramos con filmaciones que la topadora seguía trabajando día a día, culpó privadamente de la declaración a un voluntario, un segundón que parece tener un fácil contacto con la prensa como para desacreditar a semejante organización.

Esto es lo que los ambientalistas festejan aliviados. Ninguna sanción hacia el club. La legitimación de lo hecho al medio ambiente y la promesa de que lo que quedó del lugar, aquello que Aldosivi aún no dañó eso sí, es una Reserva.

Digamos que para los funcionarios provinciales, el concepto de Reserva como algo sobrante, está bastante devaluado.

Funcionarios municipales, provinciales y, nada menos que Greenpeace se abrazan y felicitan en una fiesta de cuyos gastos son los responsables y en la que la verdad, cuando se vuelvan a subir a sus helicópteros para ir a fingir que discuten por otro tema, quedó afuera.

Es decir, ahora es oficialmente Reserva aquello que nunca fue cuestionado como tal, mientras que lo que sí fue cuestionado, arrasado y destruido no lo es. Pero, aquel que posee esa parte que desde ahora no es “Reserva” y que era el verdadero problema sobre la legitimidad de su apropiación y desmanejo, deberá cumplir con recaudos ambientales que nunca cumplió cuando sí era una Reserva y que no tienen sentido ahora que no lo es, y en cuyo caso, puede fácilmente recurrir ante la justicia la necesidad de su cumplimiento. Porque quienes serán encargados de cuidar que cumplan los recaudos ambientales son precisamente los que nunca le demandaron el cumplimiento de leyes, ordenanzas y fallos judiciales al respecto de su manejo del sector. Y la ley no preve sanciones por lo ya hecho.

“Hubo que ceder en algo”, dicen desde las organizaciones que defendían la Reserva. Me pregunto en qué parte no cedieron.

¿Quién le parece que ganó?

Tanto marplatenses como comprovincianos visitantes de tantos lugares podrán reconocer en un llamativo tour a quienes tanto lucharon por la conservación de la Reserva durante tantos años y hoy celebran esta aprobación. Algunos serán los que frente a su casa tienen unos buzones recién pintados de rojo. Otros son los que tienen tranvías de la Lacroze.

Mientras tanto, los funcionarios municipales, provinciales, los directivos del club son los que festejan sin poder parar de reírse.