La Justicia ordena a Macri que proteja a testigos de lesa humanidad
Es la tercera vez que lo instan a reglamentar la ley que protege y asiste a testigos en causas de lesa humanidad. Si no lo hace, por cada día que se atrase deberá pagar una multa de 500 pesos.
El jefe de Gobierno porteño tiene diez días de plazo para reglamentar la ley. A pesar de ello, se resiste a reglamentar la norma, que dispone el acompañamiento psicológico, de hospedaje y logístico a testigos y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad que tramitan en la Ciudad de Buenos Aires. En tres oportunidades, la Justicia se le ordenó al jefe porteño, tras el vencimiento del plazo original dispuesto para el 31 de marzo de 2009.
“Lamentamos profundamente que el jefe de Gobierno sea sancionado por no cumplir con su función, al avasallar a los otros dos poderes del Estado, incumpliendo una ley y varias sentencias”, expresó un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos (ODH).
La ley se sancionó en 2008, como parte de las medidas y programas de protección impulsados tras la desaparición de Julio López, pero que en este caso espera hace cinco años ser reglamentada.
En la resolución del jueves 29 de agosto pasado, la jueza Liberatori ordenó que el jefe de Gobierno porteño sea notificado de la decisión “en forma personal en su despacho”.
El Código en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires les permite a los jueces la facultad de “imponer sanciones pecuniarias compulsivas” frente al incumplimiento de una sentencia.
“Pedimos la multa porque estamos convencidos de que es la única forma de lograr que la sentencia se cumpla, ante la ominosa ausencia de voluntad política demostrada por el jefe de Gobierno en acompañar el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia que viene viviendo nuestro país”, agregó Demián Konfino de la ODH.