Una denuncia penal por administración fraudulenta, involucra a funcionarios macristas

Desde la secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires, que conduce Marina Klemensiewicz, adjudicaron una licitación al empresario cercano al PRO Gustavo Ferleta. Los trabajos fueron abonados aunque no se ejecutaron. La denuncia penal que involucra a la esposa del vocero de Mauricio Macri.

En el gobierno porteño, se paga pero no se hace. La licitación privada Nº 314-SIGAF/13 para la contratación de la obra denominada “Puesta en valor del predio ubicado en las calles Laguna y Somellera del Barrio Fátima con instalación de áreas de capacitación y recreativas” puso al descubierto los beneficios que le otorgaron desde la secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires (SecHI) a un empresario que coincide con los lineamientos del PRO.

A través de la resolución N° 365/2013 se adjudicó la oferta a la firma Nivel 10 Construcciones de Rodolfo Gustavo Ferleta, por un monto total de $ 648.000. Sugestivamente, el precio fijado por el gobierno de la Ciudad había sido de $ 649.999,37, aunque el dueño de la empresa unipersonal tasó la obra en un valor menor al oficial.

La licitación se adjudicó en diciembre, se pagó en febrero y aún no hay nada en el lugar.

La no ejecución de la obra y su pago le valieron a Klemensiewicz una denuncia penal presentada en su contra por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, del delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por ser cometida en perjuicio de una administración pública.

Esta fue radicada por el legislador de La Alameda Gustavo Vera, el exdiputado porteño Facundo di Filippo y el militante del barrio Fátima, Rafael Pablo Nejamkis. Aunque la acusación esté centrada en la titular de Hábitat, ésta se hace extensiva a “eventuales coautores, cómplices y encubridores de las maniobras”.

Por otro lado, la denuncia penal afirma que “claramente el pliego dispone que previo a realizar los pagos, la SECHI debió medir las obras ejecutadas mediante inspección para que sirva de fundamento a los certificados de obra. En el presente caso, no se realizó ninguna obra por lo cual se avanzó ilegalmente con el pago a la empresa causando un daño patrimonial a la Administración Pública en favor de terceros”.