Un Estado Provincial Verdugo

Un joven de 21 años, a quién llamaremos SA, se fugó el pasado 29 de abril del Instituto Virrey del Pino perteneciente a la Unidad Penitenciaria de La Matanza. Hasta el momento, ningún representante del Estado se ha comunicado con la familia, pero esa no es la única ausencia estatal que han padecido.

A la licenciada en Servicio Social, María Paz Torres, le asignaron el seguimiento de SA en 2009 cuando el menor de 17 años se encontraba en el Instituto Cerrado de Batán a la espera del juicio por estar involucrado en una causa caratulada como “homicidio agravado por uso de arma de fuego”. La ausencia prolongada del Defensor Oficial, la golpiza y el maltrato de los guardias, la poca atención de los trabajadores sociales, la inacción del grupo interdisciplinario encargado de la asistencia de los menores y el incumplimiento de toda una lista de derechos llevaron a María Paz a criticar el rol de sus colegas y del propio sistema. Esa crítica formó parte de la tesis de grado de la licenciada, donde se pregunta “Si se los trata como animalitos, ¿cómo pretender que no reproduzcan afuera ese papel que se les ha asignado?”.
“SA es uno de los tantos menores que se encuentran en instituciones de encierro que demuestran la perversidad del propio sistema y la contradicción de que no cumplan los objetivos por los cuales se supone que han sido creadas” afirma María Paz. “Tiene una condena por transgredir la ley, y a la vez, es víctima de una institución que tampoco la cumple”.
Durante su paso por Batán “lo dejaron pegado” en una causa. Hubo un motín, del que no participó, pero el fiscal quiso obligarlo a dar los nombres de sus compañeros implicados, amenazando con trasladarlo a la unidad de adultos. SA había cumplido los 18 años y estaba con menores por su buena conducta. Por negarse a delatar fue trasladado a la Unidad de Adultos n° 15 y luego a la n°44. En ese periodo de traslados continuos le sacaron todas sus pertenencias, incluso los certificados necesarios para que le reconocieran el medio año de escuela que le permitía seguir estudiando. Dos veces le hicieron lo mismo. Dos veces tuvo que empezar el último año del secundario. A pesar de que el menor manifestó querer terminar el secundario para poder seguir estudiando durante su condena, nadie se lo garantizó.
Estos sujetos también son ciudadanos pero padecen una serie de inseguridades, producto de la violencia estatal ejercida sobre ellos, desde la detención policial, pasando por la justicia, hasta el último eslabón custodial. Esa violencia estatal es una violencia que lastima y que mata, degrada, humilla, sojuzga, somete y subordina. “Si no nos preguntamos por estas violencias y por estas inseguridades somos quienes nos estamos transformando en “peligrosos”” plantea María Paz. “Es difícil aceptar, como dice Foucault en “Vigilar y Castigar”, que esos delincuentes pueden ser víctimas, porque más difícil es aceptar que los custodios del Estado sean los verdugos”.
Analizar la situación de los jóvenes desde el derecho y posteriormente desde la práctica, demuestra que existe una gran cantidad de puentes entre lo que se escribe y se discute, y entre lo que realmente se vive desde la experiencia. El paso de un adolescente por estas instituciones provoca marcas, es decir, que el encierro marca un estigma adicional de peligrosidad que se adosa a la peligrosidad previamente asociada a lo “juvenil precario”; el joven pobre-precarizado-encerrado: delincuente.
En “La violencia en los márgenes”el sociólogo Javier Auyero plantea “ a los habitantes de los márgenes urbanos, no se los suele escuchar hablar públicamente de la inseguridad. Ellos la viven a diario, pero el discurso de la inseguridad pertenece a (es fabricado y manipulado por) otros. Así, la experiencia de la violencia interpersonal (y del miedo a ésta) entre los más pobres se vuelve algo indecible; y el trauma que se vive a diario en los territorios de relegación en los que ellos habitan se torna en una experiencia negada.
Se entiende que SA se ha excluido con su conducta antisocial pero no se puede dejar de lado el hecho de que es producto de una exclusión mayor de la que todos somos cómplices. Si no somos capaces de visibilizar la violencia depositada en los jóvenes como él y de hacer algo al respecto, seguiremos padeciendo violencia, pero social. ¿Cuál es el objetivo de estas instituciones: castigar o reinsertar?. Mientras la práctica no esté clara, las cárceles se llenarán de muchos SA que harán lo posible por escaparse.