La impunidad de las torturas asegura una sociedad más violenta

No cabe ninguna duda de que las torturas y los malos tratos aplicados contra aquellas personas a las que el Estado decidió privar de su libertad, cometidas por agentes que supuestamente deberían encargarse de su seguridad y custodia, constituyen unas de las más graves afrentas contra los derechos humanos. No me refiero tan solo a la tortura producida con fines de investigación criminal sino, muy en especial, a aquella aplicada sistemáticamente como método de control, sujeción, disciplina y humillación dentro de las instituciones de encierro.

A lo largo de los últimos años numerosos informes referidos a los sistemas penitenciarios y a las fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales han puesto al desnudo las preocupantes cifras de la tortura en nuestro país. En el nivel local, cabe destacar los informes de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria nacional o del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el ámbito internacional, distintos organismos internacionales, como la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité y el Subcomité contra la Tortura de Naciones Unidas han dado cuenta de esta alarmante realidad.
Muchos son los factores históricos, políticos, legales y hasta filosóficos que habilitan la continuidad de esta práctica, que a más de treinta años del recupero de la democracia no ha podido ni erradicarse ni acotarse en su aplicación. Las características de los lugares donde se cumplen las privaciones de libertad -cárceles, comisarías, hospitales- que en tanto instituciones totales quedan habitualmente al margen del escrutinio público; la organización militarizada de policías y servicios penitenciarios cuya reforma resulta imperiosa; así como la vigencia de construcciones teóricas que consideran a los presos como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría vinculados con el Estado a través de relaciones especiales de sujeción; son algunos de esos factores.
Sin embargo, deseo referirme aquí a otro aspecto que, sin lugar a dudas, contribuye en la continuidad del insostenible status quo: la absoluta impunidad judicial en que se encuentran sumidas estas prácticas. De manera sistemática jueces y fiscales –como siempre, con honradas excepciones- omiten llevar adelante investigaciones serias y eficaces dirigidas a enjuiciar y sancionar a los responsables de tales hechos, a pesar de ser esta una manda elemental del derecho internacional. Aquí las cifras se invierten, siendo prácticamente inexistentes los procesamientos y condenas por estos delitos.
La realidad antes indicada genera un auténtico círculo vicioso muy difícil de romper, pues los detenidos y detenidas pensarán dos veces antes de denunciar los hechos de los que resulten víctimas en la medida en que la indolencia de los jueces -que debieran proteger sus derechos- muy posiblemente los dejará al cuidado de las mismas personas a las que hayan denunciado y sujetos por tanto a las más severas represalias mientras que los procesos judiciales no lograrán identificar ni mucho menos enjuiciar ni sancionar a los autores. Esta impunidad estructural de las torturas –tan estructural como la propia práctica- augura que este grave delito, al que el legislador consideró tan grave que lo equiparó en su pena al delito de homicidio, continuará por un buen tiempo entre nosotros.
No desconozco que, ciertamente, lo que ocurra a los presos y presas no está entre los temas que más preocupan a la sociedad, habitualmente desvelada y obsesionada –con la muy conveniente ayuda de la prensa amarillista y de los actores políticos más reaccionarios- con la inseguridad ciudadana. Sin embargo, si el riesgo de ser víctimas de delitos es lo que preocupa a la gente, deberían ser mucho más firmes e intolerantes frente a las torturas y a su total impunidad, toda vez que sus víctimas volverán tarde o temprano -y les guste o no- a la comunidad, a vivir entre nosotros, siendo que ese maltrato al que se las somete durante su detención, a más de ser inadmisible desde el plano ético por vulnerar flagrantemente sus derechos humanos, sin lugar a dudas aumentará su resentimiento y esa humillación terminará a la larga inyectando en la sociedad mayores niveles de violencia.