El producto de la violencia legitimada

(Por Pablo Pejlatowicz *) Los “linchamientos” o “intentos de linchamiento” producidos en las últimas semanas pronto desaparecerán de la agenda de los medios de comunicación, pero quedará un sinsabor en la sociedad por una legitimación discursiva de la violencia que presupone un rechazo a presupuestos sociales básicos, que luego deberán reconstruirse.

Estos homicidios alevosos, cometidos con ensañamiento, calificados por algunos medios como “golpizas a delincuentes”, entrañan un vocabulario e ideología que resultan tan dañinos como el hecho en sí. Un robo, una estafa millonaria, un caso de tortura: todos generan repudio social en mayor o menor medida. Pero el linchamiento repudiado no es lo que produce el mayor daño al tejido social. Es su defensa. El hecho de realizar una campaña para sostener el repudio al homicidio de una persona, cometido con alevosía y ensañamiento, en contra de las garantías constitucionales más básicas, por un grupo de 50 personas, es lo que muestra el retroceso en el campo discursivo de la cohesión social y las nociones más elementales de justicia.

“La gente está cansada de la inseguridad, del Estado ausente, y por eso se defiende”

El monopolio legítimo de la violencia es una de las características, si no la principal, que constituye a un Estado, y éste requiere apropiarse de los conflictos que se producen en la sociedad, por lo cual la víctima no participa en la definición del destino que tenga la persona victimaria. Allí ingresa el derecho penal para limitar el poder punitivo ejercido por el Estado, a partir del principio de dignidad, garantías constitucionales y estándares de derechos humanos.

A pesar de las críticas que se le pueden efectuar al derecho penal, ahora lamentablemente se encuentra en discusión otro tema: una pulsión que legitima la violencia ejercida por ciudadanos y ciudadanas, sin límite alguno.

En primer lugar, se le atribuye a grupos de personas la representación del indeterminado “la gente”, que se encuentra “cansada de la inseguridad”. Esto demuestra una malintencionada lectura de la situación y una negación de otros pensamientos que la población puede tener, y plasmar tanto en medios de comunicación como por su representación política. Además, pareciera que la función de catarsis, aún si significara la muerte de una persona, es suficiente para avalar cualquier conducta que avasalle el principio de dignidad del ser humano.

En segundo lugar, el discurso pseudoacadémico, periodístico o político que justifica el homicidio de personas que pueden o no haber robado o hurtado una cosa, indica que aquellas personas que linchan están supliendo una conducta que el Estado debiera hacer y no hace por encontrarse ausente.

Los linchamientos son públicos y catárticos. Inmediatos. Y el discurso que los legitima los defiende como razones suficientes para cumplir con un supuesto fin social y cubrir el rol que el Estado debiera tener ante un problema.

Esta tortura y/o homicidio realizado por particulares, de modo alevoso y con ensañamiento en la vía pública, pierde la publicidad cuando los perpetradores actúan en funciones estatales. Incluso si mantienen un sostén ideológico que respalde su proceder. Los responsables de los más horribles y repudiables crímenes cometidos desde el Estado en la última dictadura cívico-militar en Argentina, intentaron inicialmente disfrazar u ocultar su conducta, aún en el marco del fuerte discurso legitimante de la violencia. Esto se explica en parte porque resulta aberrante que desde el Estado se golpee a una persona reducida al suelo, hasta su muerte, con intención de provocarle sufrimiento, sin juicio previo, sin defensa alguna.

Al día de hoy, incluso, siguen produciéndose casos de tortura cuyos autores son miembros de fuerzas de seguridad estatales en las prisiones, y son informados por la Procuración Penitenciaria de la Nación pero sus responsables no resultan condenados o se sancionan con una figura penal menor, de apremios ilegales. Es decir, se sigue escondiendo esta conducta deplorable cuando es cometida por algunos sectores estatales. Y los linchamientos realizados por particulares imitan esta conducta, pero no sólo la sacan a la luz, sino que pretenden establecerla como regla para el Estado.

Ante el problema de la inseguridad, la golpiza a otras personas hasta su muerte no puede convertirse en su solución, ni en un parche social a la espera de mayor represión estatal. Mayores penas y un Estado totalitario no resuelven la necesidad de una política de seguridad en una sociedad democrática.

Entonces, los linchamientos nunca pueden ser la solución al problema que pretenden resolver. Por eso, cuando se critica a un Estado ausente y se generan esas prácticas de tortura de un ciudadano a otro, el Estado sólo debe presentarse para prevenir, investigar, y condenar a las personas responsables.

“Entran por una puerta y salen por la otra”

El Poder Judicial en particular también se ve criticado por el discurso legitimante de la violencia social, por no depositar a delincuentes en las prisiones-depósito para evitar que se dañe a las personas miembro de la sociedad.
Este razonamiento es sumamente peligroso, igual que el mencionado anteriormente, porque desconoce el principio básico que la prisión preventiva es, justamente, preventiva, y debiera ser la excepción a la regla de libertad.
Los casos de linchamiento más difundidos en los medios se tratan de delitos cometidos en flagrancia o en tentativa, que no llegan a concluirse. Incluso hubo una situación en donde dos hombres fueron golpeados porque fueron confundidos con otras personas que habrían cometido un delito antes.

Esos escenarios no se resuelven ni con una ejecución sumaria ni con la prisión preventiva de individuos inocentes. Se tratan con investigaciones y procesos judiciales expeditos, serios, y respetuosos de todas las garantías procesales.

Por ejemplo, una persona que comete tres robos en dos meses, y en todas las ocasiones fue detenida y presentada ante un juez, probablemente no tenga los recursos o la voluntad para fugarse del proceso judicial. Si éste se realizara con celeridad y seriedad, la persona puede ser condenada y cumplir las penas que correspondan por cada uno de los delitos.

En el supuesto contrario, en que una persona inocente aguarda en prisión preventiva más de dos años para que se concluya el proceso judicial, y firma un juicio abreviado sólo para poder recuperar su libertad, o luego es absuelto en juicio oral. ¿Cómo resuelve la Argentina, como sociedad y como Estado, devolverle a una persona inocente años de su vida literalmente perdidos por un delito que no cometió? La Constitución argentina, con los tratados internacionales adoptados, opta por acotar la aplicación de la prisión preventiva a los casos en que peligre el proceso judicial, y que éste se realice de una manera seria y expedita.

Es por ello que el garantismo no significa que las personas entren por una puerta y salgan por la otra, sino que las penas se impongan y se cumplan luego de un juicio justo, con el debido proceso.

El discurso legitimante de los linchamientos impulsa situaciones de hecho que perjudican al Estado de derecho, avasallan la dignidad humana y rechazan todo intento de solución que integre a la sociedad.

Recuperemos los presupuestos sociales básicos del respeto y la dignidad, sin discriminación.

(*Coordinador del Área de Litigio de Interés Público de la Asociación por los Derechos Civiles y del proyecto de prisión preventiva)