¡Vamos ganando! Que vengan los narcos… ¡Les presentaremos batalla!

Se acabaron las salideras bancarias, ningún hombre quemó a su mujer, y tampoco tenemos noticias de una muerte violenta en la que hubiera intervenido un menor de edad reticente a ser incluido en los múltiples programas de inclusión social que abundan en la provincia. Ni hablar de los secuestros virtuales protagonizados por los reclusos que, amén de vivir a expensas del Estado, se resistían año tras año a resocializarse, y actuaban al amparo de algunos jueces que privilegiaban sus derechos por encima de aquéllos que les correspondían a las víctimas. Se jactaban de ser garantistas. Me pregunto de qué. Aquél que tenía las agallas de salir a delinquir, a convertirse por decisión propia en motochorro, a exponer su vida por unas pocas monedas que podía llevarse de la cartera de una dama, debía saber que la sociedad –nosotros, porque él se fue, eligió salir– debía defenderse a ultranza. Y en tiempos violentos, para los amigos todo, para los enemigos nada.

También finalizaron los linchamientos. Aunque no puedo dar fe que en este supuesto podamos hablar de un hecho de inseguridad. Podríamos preguntarle a un especialista en criminología y/o política criminal. Intelectuales de escritorio que no toman un bondi para ir a trabajar. ¡No! Qué pueden saber ellos. Nuestros funcionarios, los que no pueden transitar a pie el conurbano, pues deben hacerlo con sus choferes y custodios a raíz de la difícil y peligrosa tarea que escogieron, son los únicos capaces de comprender a los damnificados de un hecho contra la propiedad, que debieron convertirse en jueces y/o verdugos populares para seguir garantizando el pacto social. Y qué tiene de malo sino fueron, estrictamente hablando, los damnificados directos. Cualquier transeúnte es –o era, de acuerdo a lo que vengo diciendo– una víctima potencial de un delito. Aunque debo reconocerlo. Hubo errores. Pero qué sistema de justicia no los tiene. Además, si la decisión de aplicar la pena y/o tormento justo no se hubiese ejecutado en el acto, el delincuente hubiese escapado, y la víctima –concepto de lo más confuso si lo hay en esta clase de procesos– no hubiese recibido justicia. Me fui por las ramas.

Hace un tiempo que no nos informamos –o no nos han informado– sobre algunos hechos delictivos que sucedieron en el pasado próximo y que provocaron, como bien viene ocurriendo desde hace diez años, el endurecimiento de las leyes penales. Qué tranquilidad. Ya quedaron en olvido las críticas contra estas iniciativas de política criminal –de mano dura, como les gustaba llamarlas de modo peyorativo a algunos– que demostraron empíricamente que constituyen la única alternativa posible si queremos enfrentar seriamente la comisión de delitos. Sino fuera así, las salideras, las muertes violentas, los feminicidios, y los sucesos ilícitos cometidos por menores y reincidentes no hubieran desaparecido. Y a no dudarlo, continuarían ocupando la atención de los medios de comunicación y la agenda de nuestros legisladores. Pero no se confundan. No es éste un llamado al relajo, a la tranquilidad, sino a estar alerta. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Este Kosovo, que es la República Argentina, no da tregua.

El narcotráfico nuevamente está asolando la región. Pero a no temer. Las agencias estatales revelaron una vez más su costado más duro y salieron –como siempre lo han hecho– a combatir este flagelo con uñas y dientes. La Corte Suprema exigió más recursos, pues los jueces federales del norte del país no están dando abasto. Las mulas, transas y el resto de los micro-traficantes que vienen concentrando el grueso de su trabajo los están desbordando. Además, en el transcurso de la semana pasada, se negó a prescribir una investigación por hechos de delincuencia económica que sólo tenía trece años. Otra iniciativa de estos jueces garantistas que desconocen que la sociedad debe defenderse de la comisión de los delitos provocados por estos foráneos que son los individuos sometidos a proceso.

Los principales departamentos judiciales de la provincia, haciendo uso de su característica creatividad, restringieron aún más –porque cualquiera que conoce de cerca el sistema penal bonaerense, sabe muy bien que la puerta giratoria no existe–los criterios aplicables en materia de excarcelación. Están siendo encerrados los promotores de este fenómeno delictivo: los pequeños tenedores de droga que habitan los barrios más humildes y populares del conurbano. Ciertamente, la mayor cantidad de casos que registra el fuero –por no decir los únicos– los protagonizan estos curiosos narcotraficantes que, por esas cosas de la vida, han sido habidos por lo general con cantidades de droga que oscilan entre los diez y/o quince gramos de estupefacientes a los doscientos. En otras palabras, una piedra o dos de marihuana y/o un par de ravioles de cocaína.

Pero qué más da. Si la justicia no actuara con toda crudeza estos delincuentes continuarían perjudicando el futuro de nuestros chicos. De meros tenedores no deben tener nada. Como alguna vez alertó el ex gobernador Felipe Solá sobre los planes traficar: «la señora de ojotas, que termina de hacer el puchero, se seca las manos en el repasador y se va a vender cigarrillos de marihuana o cocaína que lleva debajo de las polleras. (…) Es gente que hace años que no tiene medios de ingreso y que encuentra en esta oferta una forma de parar la olla. Con una ventaja: en vez de 150 pesos, ganan diez veces más». Ahora. Qué difícil y agotador debe ser atrapar a esta señora. Evidentemente no está sola. Sino el consumo, el tráfico y/o la producción de estupefacientes, hubiera disminuido en la provincia.

Pero vuelvo a insistir. A no temer. Todavía existen incansables funcionarios que no se dejan vencer, y que con estos resultados a cuestas, no bajan los brazos. En línea con las ideas del antecesor de Felipe Solá, Carlos Ruckauf, que bien sabía que no existía otra receta que meterle bala a los delincuentes, el actual Gobernador de la provincia, Daniel Scioli, en sintonía con el programa para combatir la delincuencia que desliza a diario públicamente el ex Sheriff de Ezeiza, devenido hoy en Ministro de Justicia y Seguridad, declaró la emergencia en materia de seguridad, comunicó un paquete de medidas que viene probando su éxito gestión tras gestión, y anunció la creación de fiscalías destinadas a perseguir el narcotráfico. Una vez más se alejó y desafió las soluciones mágicas y demagógicas que proponen algunos sectores de la dirigencia política actual, así como varios medios de comunicación.

Habrá que esperar para ver cómo impacta en la realidad una medida tan valiente como ésta. Sobre todo, porque la provincia, único distrito que se acogió a la ley de desfederalización de estupefacientes, sólo tiene bajo su esfera de competencia la persecución penal de la venta al menudeo. La criminalidad compleja sigue permaneciendo bajo la órbita de la justicia federal. Pero insisto, si el gobierno provincial asumió la responsabilidad de declarar la emergencia de seguridad y encaró un sinfín de iniciativas de holgada y probada eficacia, no nos puede haber tomado por tontos. Seguramente, en una semana o dos el narcotráfico también desaparezca.