Los juicios por los crímenes de la dictadura y la enseñanza tradicional del Derecho
(Por Mariano Gaitan) Los notables avances del proceso de Memoria, Verdad y Justicia han convertido a nuestro país en un ejemplo a nivel mundial en materia de lucha contra la impunidad. Desde la reapertura de las causas por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, más de 500 acusados han sido condenados por crímenes contra la humanidad y más de 1000 han sido procesados y serán juzgados próximamente. Entre los imputados se encuentran altos mandos de las Fuerzas Armadas que planearon los crímenes, ejecutores directos de las torturas y desapariciones y, más recientemente, civiles que colaboraron con el terrorismo de Estado ―incluyendo miembros de la administración de justicia y empresarios.
Las investigaciones y juicios por los crímenes de la dictadura han tenido un gran impacto en el campo jurídico-penal. Estos procesos impulsaron novedosos desarrollos doctrinarios, jurisprudenciales y normativos, a la vez que originaron nuevas prácticas de litigio y nuevas formas de organización de la administración de justicia. Ejemplos de estas transformaciones son las elaboraciones dogmáticas y jurisprudenciales sobre la autoría, los tipos penales y las causas de justificación aplicables a los crímenes de Estado; la incorporación de la querella colectiva en el proceso penal; las estrategias implementadas por el Poder Judicial para hacer frente a la investigación y juzgamiento de delitos complejos, a través de las Reglas Prácticas dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal, entre muchas otras cuestiones.
La trascendencia de este fenómeno, sin embargo, no se ha visto reflejada en el ámbito académico, en particular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Salvo notables excepciones, los juristas y profesores de derecho han permanecido prácticamente indiferentes frente a los juicios por violaciones a los derechos humanos. Muestra de esto son los escasos proyectos de investigación que hay sobre el tema y la total ausencia de seminarios especializados. Pero lo que resulta más notorio aún es que los numerosos problemas jurídicos que surgieron en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad, y las discusiones de la jurisprudencia y la doctrina en torno a estos problemas, no figuran en los contenidos básicos de la carrera de abogacía.
Basta con leer los programas de estudio de la asignatura «Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal» para advertir esta ausencia.
La indiferencia de la comunidad académica frente a los juicios por violaciones a los derechos humanos es una consecuencia directa de la concepción sobre la enseñanza del derecho actualmente imperante. Esta concepción, que podríamos llamar «tradicional», concibe al derecho simplemente como un sistema de normas, despojándolo de su contenido político y aislándolo de su contexto histórico. Esta concepción se rige por un criterio de «cientificidad» que privilegia el estudio abstracto de las normas ―la llamada dogmática jurídica― sobre la aplicación práctica del saber jurídico. Así, a mayor alejamiento de la realidad práctica, mayor rigor científico adquieren las categorías jurídicas.
Es por eso que la mayoría de los profesores de derecho utilizan casos «de laboratorio» para explicar la aplicación de conceptos jurídicos, sin preguntarse si estos casos se corresponden con los problemas reales que los futuros abogados y jueces deberán resolver. Según la postura tradicional sobre la enseñanza del derecho, es más apropiado para el ámbito académico que los estudiantes piensen soluciones a complejos e inusuales problemas teóricos en lugar de invitarlos a pensar sobre los problemas actuales que presentan los juicios por delitos de lesa humanidad.
El hecho de que estos problemas acaparan la atención de los tribunales federales del país desde hace años parece ser irrelevante a la hora de planificar la enseñanza. Para quienes siguen esta concepción tradicional, lo que se discute en los juicios por los crímenes de la dictadura no son problemas del derecho penal y procesal penal. En todo caso son cuestiones propias del campo de estudio de la historia, la sociología o la ciencia política.
En contra de esta concepción tradicional de la enseñanza del derecho penal, consideramos que los juicios por los crímenes de la dictadura deben ser un componente básico en la formación de los futuros abogados.
La importancia de integrar estos temas a la enseñanza del derecho se justifica, en primer lugar, por su utilidad práctica. Como dijimos al comienzo, los juicios por delitos de lesa humanidad han tenido un gran impacto en el derecho. Las nuevas teorías y prácticas desarrolladas para dar respuestas a problemas jurídicos específicos de estos procesos tendrán, seguramente, aplicación a otros problemas. Por ejemplo, los estándares sobre el delito de tortura en los centros clandestinos de detención podrían aplicarse a casos actuales de tortura en establecimientos penitenciaros.
Cualquier abogado penalista que desee ejercer la profesión responsablemente debería poseer al menos un conocimiento básico de los desarrollos producidos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y es responsabilidad de la universidad brindar esos conocimientos.
La incorporación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la formación de los abogados tiene, además, un valor fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y la defensa de los derechos humanos. Los juicios por los crímenes de la dictadura han arrojado luz sobre una de las etapas más oscuras y dolorosas de nuestra historia. Los miles de testimonios producidos en las audiencias públicas han develado los niveles de brutalidad que puede adquirir la violencia estatal organizada.
La enseñanza del derecho no puede ser indiferente a esta realidad. Estos horrores deberían recordarnos que el derecho, antes que un sistema de normas «puras», es una herramienta política que puede servir para contener la violencia estatal o para potenciarla. Esta realidad, en lugar de ser invisibilizada, debería ser el punto de partida de la enseñanza del derecho, para que los futuros abogados estén alertas frente a las desviaciones totalitarias del derecho y puedan combatirlas.