«Cómplices residuales» habrían permitido la fuga del represor Lawless
Miguel Palazzani atribuyó hoy la fuga del represor Alejandro Lawless a la acción de encubridores, que proporcionan apoyo logístico, protección y financiamiento para que el genocida pueda escapar. El juez federal Norberto Oyarbide pidió hoy a Interpol la captura internacional del represor.
«La fuga de Lawless muestra que todavía hay sectores residuales del poder que resisten el proceso de justicia a los genocidas y son cómplices», dijo el fiscal federal Palazzani, integrante de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Bahía Blanca.
El representante del ministerio público añadió que esos sectores «sin duda son cómplices porque brindan logística, protección y financian su fuga y porque no se entiende, y en éste caso es evidente que no es posible creer, que eso fue por un simple descuido, es muy burdo pensarlo».
Palazzani, que en el pasado fue abogado de querellantes en el juicio a represores en La Pampa, es en la actualidad fiscal en juicios que se llevan a cabo en Bahía Blanca contra acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Lawless (66 años), condenado en juicios anteriores y ahora procesado por 26 privaciones ilegales de la libertad en Bahía Blanca, se escapó ayer cuando ingresaba al Palacio de Tribunales bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA).
«La complicidad de la policía en esta fuga es evidente porque son personas preparadas y ágiles, frente a una persona mayor, sin las mismas habilidades, de manera que la fuga no amerita ningún tipo de análisis porque todo es muy burdo», insistió Palazzani.
Para el fiscal, es necesario «investigar a los autores directos de la facilitación de esta evasión, que comprende a éstos policías, tomar las medidas que la ley decida para con ellos y no quedarse con que la responsabilidad termina en ellos».
También se debe «profundizar para llegar a quiénes son los sectores que están atrás apoyando a éstos sujetos (de la PSA), que son emblemáticos en Bahía Blanca», entre los que mencionó a ex integrantes del Batallón de Comunicaciones 181″ del Ejército.
«Investiguemos a quiénes lo dejaron libre pero también profundicemos la investigación porque hay sectores civiles e interesados en que el proceso judicial contra los represores se detenga», expresó también Palazzani.
Para el fiscal, «éstos sectores que pretenden la impunidad, son los mismos que se vieron beneficiados con lo que ocurrió en éste país y que hoy, al ver que el proceso con los ejecutores directos avanza están preocupados y aparecen los cómplices civiles».
En este último aspecto, Palazzani mencionó al empresario azucarero Carlos Blaquier, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy; a Vicente Massot, propietario del diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, y a quienes tomaron el control accionario de Papel Prensa durante la última dictadura.
Este es el tipo de sectores civiles «que justamente van a intentar frustrar éste proceso, que es un compromiso asumido por el Estado argentino como política de Estado», señaló el fiscal.
En cuanto a Lawless, «como Tribunal hemos ordenado una batería de medidas para encontrarlo y lo hacemos con la sensación de indignación e impunidad que generan éstos hechos, consustanciados con lo que sienten hoy las víctimas y lo que experimentaron cuando supieron de la fuga».
«Uno se pone en el lugar de la víctimas y familiares y es una situación que indigna, por cuanto se fuga luego de que el Ministerio Público pidiera su detención y que la justicia recién después de cuatro años resolviera en ese sentido», expresó.
Para el fiscal, correspondía estar alertas sobre un intento de fuga «por la gravedad de los delitos que se le imputan y por la posibilidad de estar prófugo y presentarse cuando se le dé la gana para enfrentar los dos juicios» en curso en Bahía Blanca.
Detenido recientemente, el represor se desempeñó durante la dictadura como oficial en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca.
Está procesado por crímenes de lesa humanidad en dos juicios, uno que agrupa a hechos de la represión terrorista de estado cometidos bajo el control operacional del Ejército y el otro, a los perpetrados bajo la órbita de la Armada.
Por su parte, el juez federal Norberto Oyarbide pidió hoy a Interpol la captura internacional del represor Alejandro Lawless, fugado ayer cuando era trasladado a Tribunales tras su reciente detención.
Oyarbide quedó interinamente a cargo de la causa que investiga las circunstancias de la fuga de Lawless cuando era llevado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a la alcaidía del Palacio de Tribunales, en cuya puerta se evadió.