Seguridad: entre la ambigüedad y las malintencionadas interpretaciones

Ya sea por el pulso electoral que hace ver y rever ciertas acciones o inacciones en la gestión, o porque las condiciones socio políticas, con o sin campaña electoral de por medio, lo piden a gritos, se toman medidas y se proponen cambios estructurales.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, afirmó en defensa de los recientes cambios en las políticas de seguridad en su territorio, que “se dan por las nuevas características de la acción de los delincuentes”. Para el Gobernador con aspiraciones presidenciales, quien acaba de desdoblar el Ministerio de Justicia y Seguridad: “El Estado tiene que ir readecuando su funcionamiento y su organización para combatir el delito de estas características”, dijo al colocar al intendente de Ezeiza, Alejandro Granados al frente de la flamante cartera de Seguridad.

En los últimos días ha habido un sinfín de lecturas por unas ambiguas declaraciones del candidato oficialista Martín Insaurralde con respecto a unos proyectos que presentará en Diputados como contención y prevención al flagelo que miles de argentinos y argentinas padecen con respeto a la delincuencia. Aunque ya se aclaró que esas iniciativas promovidas por el intendente de Lomas de Zamora no contienen la baja de la edad de imputabilidad como tema, sino una batería de medidas de contención en un régimen democrático para procesar los delitos cometidos por menores de edad, que, obviamente, no es lo mismo. Se busca “una justicia penal adolescente que les reconozca todos los derechos y garantías del debido proceso”, como afirmó Laura Musso, especialista en defensa de derechos humanos de niños y adolescentes, en diálogo con Guetap, programa que conduce en Vorterix Reynaldo Sietecase.

La ambivalencia discursiva en una entrevista por parte de Insaurralde, dejó el espacio para que medios de comunicación opositores, como Clarín y La Nación, que están al acecho y suelen sacar de contexto y tergiversar discursos en beneficio propio titularan mentiras. Y así fue. El proyecto oficialista hace foco en el desarme como herramienta preventiva y en la creación de un régimen penal juvenil que nada tienen que ver con bajar la edad de imputabilidad de 16 a 18 años como muchos medios han afirmado sin fundamentos y sin conocer, evidentemente, el texto que tratarán las Cámaras.

Lo más extraño no es la manipulación mediática, a la que ya nos tienen más que acostumbrados, sino encontrar opiniones que antes declamaban medidas en ciertas áreas, como la seguridad, por ejemplo, o la baja en el impuesto a las ganancias, que ahora se oponen a lo que antes exigían con ímpetu. La lógica destructiva siempre vigente en el arco opositor argentino, aun sin conocer los temas, aun si esos temas son respuestas efectivas a demandas del pueblo y de la clase política. La historia que ya conocemos, aunque sigue entristeciendo por un lado, y aburriendo por el otro.