En la ‘dulce espera’ del fallo de la Corte

Debatimos un proyecto de ley, durante meses, de muchas maneras distintas. Por eso se la llamó la Ley del Pueblo, porque la gente pudo discutirla y aportar sus ideas en muchas jornadas a lo largo y ancho del país. Y así se nutrió el proyecto por una ley de Medios Audiovisuales de la democracia y así llegó a las Cámaras, donde también fue discutido por todo el arco político y luego aprobado.

Pero ya sabemos que pasó: cautelar de Clarín y suspensión de varios artículos. En diciembre pasado, el juez Horacio Alfonso dictó la primera sentencia de fondo en el caso y rechazó todos los planteos del Grupo declarando que ninguno de los artículos de la ley de Medios cuestionados viola la Constitución. Clarín apeló. Cuatro años después, la Corte arma una audiencia, porque parece que todavía no se decide a fallar de una vez.

Entonces, decimos que lo que quiere Clarín tiene mayor validez e importancia para la Corte que lo que debatió y creó el pueblo, y parece que caemos en una subjetividad. Pero es algo que resulta obvio, inclusive con un análisis escaso, pues cuando el resto de los medios de comunicación enmarcados en las generales de esta ley se han comenzado a adecuar a la misma, el Grupo monopólico de niega de plano a desinvertir, entre otras cosas. Sólo de TV por cable, Clarín tiene 237 licencias.

Y mientras se espera al fallo de la Corte luego de dos jornadas de audiencia donde Clarín expuso, así como el Estado, y se les hicieron preguntas a ambos, el abogado del grupo, Damián Cassino, advirtió que sus representados no respetarán un fallo adverso de la Corte Suprema y anunció que si los artículos cuestionados son considerados constitucionales, apelarán internacionalmente. Así, le ponen una presión más a la justicia argentina, creyéndose por sobre ella, por sobre la democracia.

En la segunda jornada, donde los abogados del Grupo (María Gelli, Alejandro Carrió y Damián Cassino) respondieron 17 preguntas formuladas por Lorenzetti, titubearon mucho, balbucearon y trataron de no responder con evasivas, incluso. Manifestaron persecución desde el Estado, y dijeron varias veces que ellos eran los protectores de la libertad de expresión. El Estado respondió las 33 preguntas que le formuló el Presidente de la Corte, donde se destacó la asesora Graciana Peñafort Colombi, una joven abogada que demostró una solidez de conocimientos mayúscula e, incluso, hizo sonreír al mismo Lorenzetti cuando éste le avisó que iba a la última pregunta y Peñafort la recibió con un suspiro de alivio: “Menos mal”, dijo, después hablar horas. También respondieron junto a ella Daniel Larrache, el constitucionalista y asesor externo de la Procuración del Tesoro, Eduardo Barcesat, y el economista Horacio Seillant.

Ésta misma representante del Gobierno, el ‘demandado’ en la causa, corrigió a la Corte, cuando ésta preguntó “si se desea reducir las licencias del Grupo Clarín, ¿por qué no se hizo por decreto?”. Allí Peñafort afirmó que había un error en la pregunta en sí, puesto que el Gobierno no ‘desea’ reducir licencias, sino que el Grupo, al igual que todos, se adecue a una ley votada por la democracia: “No se desea reducir las licencias de Clarín, se desea desconcentrar el mercado argentino, no el Grupo Clarín”, dijo la joven.

Otras de las preguntas inquiría si la ley faculta al Estado a “quitar licencias ya otorgadas a cualquiera de las empresas que ya trabajan en el sistema o las que otorgue en el futuro, sin derecho alguno”. El Estado, una vez más en boca de Peñafort, respondió: “Si bien no es materia de este litigio, basta decir que no es una facultad discrecional, hay determinadas condiciones regladas por ley, no son discrecionales estas condiciones”.
Ahora resta esperar, seguir esperando, mejor dicho, el fallo de la Corte Suprema sobre los cuatro artículos cuestionados y tachados de inconstitucionales por el Grupo Clarín, inclusive el que los insta a desinvertir.