La CIDH entregará al Archivo de la Memoria los originales de la condena a las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregará el martes próximo a las autoridades de Archivo Nacional de la Memoria los documentos originales del informe en el que condenó las leyes de impunidad, al cumplirse 20 años de su elaboración. El acto se realizará a las 14 en el salón Silvio Frondizi del Archivo, en la ex Esma, Avenida del Libertador 8151, de Capital Federal, y estarán presentes los abogados que fueron patrocinantes de las denuncias.
En su informe, la CIDH concluyó que las leyes conocidas como de «obediencia debida» y de «punto final» -sancionadas durante el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín-, eran «incompatibles con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
Se trata de la ley 23.492 -promulgada en diciembre de 1986-, que estableció la caducidad de la acción penal contra los imputados de delitos de lesa humanidad, conocida como Punto Final, y la 23.521 -promulgada en junio de 1987- de `presunción irrebatible´ a favor del personal militar que cometió crímenes en virtud de haber actuado bajo el deber de obediencia a sus superiores, llamada de Obediencia Debida.
Además, la CIDH recomendaba al gobierno que en ese momento encabezaba Carlos Menem que adopte «las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas» entre 1973 y 1976, lo mismo que «otorgue a los peticionarios una justa compensación» por los hechos ocurridos.
El informe fue elaborado en base a denuncias recibidas por la CIDH a partir de 1987 en las que se manifestaba que la aplicación de las leyes «violaban, entre otros, el derecho de protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8) consagrados en la Convención».
Los denunciantes remarcaban que con la vigencia de las leyes de impunidad «se restringían y cancelaban los procesos criminales sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de facto».
Las leyes de obediencia debida y punto final fueron declaradas nulas en 2003 por el Congreso de la Nación y en 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad.