Solicitan que no se traslade a detenidos por crímenes de lesa humanidad

El Ejecutivo solicitó a la Corte Suprema de Justicia que instruya a tribunales inferiores para que no pidan el traslado de personas acusadas por crímenes durante la dictadura cívico militar al Hospital Militar. Se ofrece una recompensa de dos millones de pesos para quienes aporten datos de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que ese cuerpo dicte una acordada para instruir a los tribunales inferiores para que no dispongan traslados de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.

Así se confirmó desde la cartera de Justicia, cuyo titular también solicitó que tampoco sean trasladados a otros centros de salud militares, sino que sean derivados al Hospital Penitenciario Central I del Complejo Federal I de Ezeiza.

En la nota al titular de la Corte, Alak señala que “se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”.

Asimismo, el Ministro refiere: “Atento a los hechos de público conocimiento, que dan cuenta de la fuga de dos internos desde el Hospital Militar y la necesidad de que se cumplan con eficacia las resoluciones judiciales de restricción de la libertad de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, solicito el dictado de una Acordada mediante la cual se regule la cuestión planteada y se instruya a los tribunales inferiores para que no dispongan traslados de detenidos civiles o militares de lesa humanidad al Hospital Militar y otra dependencias médicas militares”.

En el mismo sentido, subraya que, “para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con el Hospital Penitenciario Central I”, el cual “está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”.

Por último, solicita que “ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria para brindar el tratamiento correspondiente”.

La solicitud ante la Corte, se concretó luego de que el propio Alak informara que el director del Servicio Penitenciario presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, desde el Hospital Militar Central.

Más temprano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que ofrece una recompensa de dos millones de pesos en cada caso, para quienes aporten datos fehacientes que favorezcan la captura de los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera.

Al respecto, la resolución firmada por el ministro Julio Alak explica que la recompensa es por “información determinante para la detención” de cada uno de los represores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Según señaló el Ministerio de Justicia, Olivera recibió una condena a cadena perpetua, mientras que De Marchi fue condenado a 25 años de prisión al cabo del primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en la provincia de San Juan.

Alak solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que “ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de `Tránsito`, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan”.

El motivo del traslado, según detalla el comunicado de esa cartera, era para cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo de Miguel Ángel Gálvez.

Luego de ser llevados a los consultorios médicos, se advirtió que los represores no se encontraban en la sala donde debían estar, según consta en la denuncia realizada ante la justicia por el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel.

El ministro de Justicia afirmó que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos (San Juan) ya que no existía riesgo de vida”. En ese sentido, el Ministerio cumplió la resolución del juez Gálvez, aunque la calificó como “injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”.