Prisión preventiva para el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores de la Dictadura
La decisión del juez federal Daniel Rafecas en la causa de delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército alcanza no sólo a Juan Alfredo Etchebarne, sino también al ex coronel del Ejército Francisco D´Alessandri, al comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y al agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti.
El juez federal Daniel Rafecas «dispuso el procesamiento con prisión preventiva” del ex presidente de la Comisión Nacional de Valores durante la última dictadura cívico militar, Juan Alfredo Etchebarne, y otros cuatro represores, indicaron esta mañana fuentes judiciales.
La medida tomada por el magistrado en la causa de delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército alcanza también al ex coronel del Ejército Francisco D´Alessandri, al comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, y al agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti.
Los imputados «fueron acusados por su intervención en los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre del año 1978, quienes fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del (fallecido) General Carlos Suárez Mason», informaron voceros a Télam.
«Las víctimas se encontraban vinculadas a los grupos económicos Chavanne y Grassi, los que intervinieron directa o indirectamente en la compra del Banco de Hurlingham, perteneciente a la familia Graiver», explicaron los voceros.
Sobre ese tema detallaron que «bajo falsas acusaciones sobre la comisión de delitos de `subversión económica´, los represores habrían estado en búsqueda del dinero que supuestamente pertenecía a la agrupación Montoneros y que había sido administrado por David Graiver antes de su fallecimiento».
La investigación judicial, iniciada en junio de 2010, reunió numerosos testimonios, entre ellos los de la mayoría de las víctimas y analizó «un copioso conjunto de documentación» proveniente de la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
En una resolución de más de 400 carillas, Rafecas «pone de relieve la existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores».
«En ese contexto se conformó un grupo de tareas en cabeza del Coronel del Ejército Roberto Roualdes (fallecido), quien designó como Jefe a Francisco D´Alessandri, encontrándose entre sus integrantes el Comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei”, en tanto Guglielminetti “intervino en determinados operativos de secuestro que cometió ese grupo» detallaron los voceros.
Entre las víctimas «reconocidas como tales en este procesamiento se encuentran los hermanos René y Luis Grassi, co-titulares del grupo empresario rosarino “Industrias Siderúrgicas Grassi”; así como algunos de sus gerentes y directivos, como Jorge
Giménez, Raúl Alberici, Edgardo Cardona, Fernanda Fabri, Luis Pignataro y hasta una secretaria privada, como Rosa Laurito de Ernaiz».
Del “grupo empresario Chavanne”, fueron víctimas sus titulares, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne, así como también la esposa de este último, Sara Duggan y su socio Jorge Tejerina; al igual que altos funcionarios del Banco de Hurlingham.
Se trata de los entonces directivos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein.

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