La situación carcelaria en territorio bonaerense

(Por Mario Alberto Juliano**) El inventario de las penurias del sistema carcelario bonaerense es ocioso y repetitivo a esta altura de los acontecimientos. De poco sirve evocar a Miguel Hernández, cuando poco antes de morir denunciaba a las cárceles franquistas como fábricas de dolor y llanto. Los ciudadanos conocemos sobradamente que los establecimientos penitenciarios no responden al mandato constitucional que ordena que las cárceles serán sanas y limpias. Insistir en la descripción del fenómeno es innecesario. El problema está suficientemente identificado. De lo que carecemos es de respuestas al problema.

Lamentablemente, carezco de un programa para resolver este drama humanitario. De tenerlo, probablemente me encontraría abocado a una tarea ejecutiva, o estaría desempeñando un cargo en algún organismo internacional. Sin embargo, como juez penal de la provincia de Buenos Aires e integrante de una organización no gubernamental seriamente preocupada por la situación carcelaria, cuento con algunas nociones que pretenden ser el objeto de estas rápidas y someras reflexiones y que, intuyo, de observarse, nos colocarían en un camino de superación del actual estado de cosas.

Como primera medida, es preciso reconocer que la cárcel es una institución intrínsecamente contradictoria (propone resocializar dese el aislamiento de la sociedad), violenta por naturaleza, ámbito desde el que, en estos términos, difícilmente se puedan obtener resultados útiles. Los índices de reincidencia son la palmaria demostración del fracaso de la cárcel. Sin embargo, mal que nos pese, se trata de una modalidad de respuesta a ciertas conductas humanas que se encuentra hondamente arraigado en la cultura contemporánea, sin avizorar que en lo inmediato pueda ser reemplazada por otras formas de resolución de conflictos más civilizada. Esta certidumbre es la que nos obliga a pensar un modelo de prisión menos lesivo a la dignidad humana.

Aquí van una serie de propuestas, producto de debates y reflexiones realizados a lo largo y ancho del país, que tienen el valor de proponer una lógica diferente a la que hasta ahora ha gobernado a la institución carcelaria.

1) Drástica disminución de las tasas de encarcelamiento.
Los inusitados índices de personas privadas de la libertad colocan a la provincia de Buenos Aires entre los estados más encarceladores del país y la región. Sin embargo, este masivo enjaulamiento de seres humanos no ha logrado controlar las tasas delictivas y, lejos de ello, parece contribuir al incremento de una espiral de violencia que no tiene fin. Es que la cárcel embrutece y agudiza los rasgos más negativos de los individuos.

Los Estados deben tener políticas públicas para la administración de aspectos sensibles que atañen a la sociedad, entre ellos la cantidad de personas a privar de la libertad. No es razonable ni racional el encarcelamiento por causas menores, susceptibles de respuestas menos lesivas que la cárcel. Como tampoco es razonable ni racional que se aloje más cantidad de personas que las que tolera la capacidad de los establecimientos penitenciarios.

Una drástica reducción de la cantidad de personas privadas de la libertad, como de hecho lo hacen numerosos países ante situaciones de crisis carcelarias de menor envergadura (Chile, Brasil), contribuiría a descomprimir los aspectos más agudos del cuadro descripto, no debiendo descartar un amplio jubileo humanitario para aquellas personas que se encuentran próximas a cumplir la pena impuesta, que sufren enfermedades y mujeres madres de niños pequeños.

2) Abandono del modelo de la megalópolis carcelaria.

Los establecimientos de grandes dimensiones, que alojan a cientos y miles de detenidos (como es el caso de las unidades de Sierra Chica, Olmos y Batán), se han convertido en verdaderas ciudades fuera del control penitenciario, que se rigen por códigos tumberos, donde la vida y la seguridad de los internos se cuenta en monedas. Los cotidianos hechos de violencia confirman esta afirmación.

La experiencia demuestra que los establecimientos pequeños, donde el preso deja de ser un número y tiene la posibilidad de recobrar su identidad, se han mostrado más adecuados para ofrecer un tratamiento que permita resolver ciertos aspectos de la vulnerabilidad que lo llevaron a la cárcel (educación, trabajo, salud, etcétera).

3) Control de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La violencia sistemática que los agentes estatales ejercen sobre las personas privadas de la libertad constituye una afrenta inaceptable para la condición humana. Resulta imprescindible implementar con urgencia mecanismos de control y prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, mecanismos que, necesariamente, deben ser independientes del Estado, para evitar el encubrimiento y la justificación del fenómeno.

La disminución de la violencia debe provenir, en primer término, del Estado, que es quien tiene un deber de superioridad ética que debe ser mantenido a ultranza y debe predicar con el ejemplo. La violencia ilegal ejercida por el Estado lo coloca en similar o peor situación que la delincuencia que debe controlar y pone en contradicción su capacidad para fomentar la paz y la convivencia.

4) Reformulación del servicio penitenciario

El servicio penitenciario, encargado de intermediar entre las personas privadas de la libertad y la sociedad (que espera que los individuos encarcelados sean devueltos en un futuro en condiciones de convivir sin agredirse ni agredir a los demás) debe abandonar sus fuertes rasgos militaristas, centrados en el mantenimiento del orden interno de los establecimientos sobre la base de una autoridad rayana con el autoritarismo, para convertirse en operadores especializados en el resguardo de los derechos de los presos.

Durante años (desde siempre, diría) hemos repetido, con una tozudez digna de mejores causas, fórmulas demostradamente fracasadas para el gobierno de la cárcel. La repetitiva insistencia, lejos de rendir frutos mensurables para la sociedad, ha llevado al Estado bonaerense al banquillo de los acusados en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, con posibilidades ciertas de una condena internacional.

Creemos que es hora de afrontar con seriedad y madurez este añejo problema. Los bonaerenses de un lado y el otro de los muros se lo merecen.

 

* Escrito a 12.000 metros de altura, en vuelo de Tucumán a Buenos Aires

**Presidente de la Asociación Pensamiento Penal; juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea