Piden detención del director de La Nueva Provincia por delitos de lesa humanidad

La Unidad Fiscal a cargo de José Nebbia y Miguel Palazzani solicitó la detención del empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, y de su ex secretario de redacción Mario Gabrielli. Se les imputa haber formado parte del plan criminal que posibilitó el genocidio de la última dictadura.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense a cargo de los doctores José Nebbia y Miguel Palazzani solicitó el jueves 2 de mayo al juez federal Santiago Martínez que detenga, indague y prohíba la salida del país al empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca y a su secretario de redacción durante la dictadura, Mario Gabrielli, a quienes imputó por su participación en el plan criminal que configuró el genocidio sufrido en nuestro país durante la segunda mitad de la década del ’70.

En tal sentido ha quedado también subrayada la responsabilidad que cupo en el plan criminal a la madre de Massot, Diana Julio, y a uno de sus hermanos, Federico. Todos ellos formaban parte del grupo medular con poder de decisión en el diario del que Julio era directora durante el periodo en cuestión.

El documento donde Nebbia y Palazzani plasmaron la acusación responde a un señalamiento formulado por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que al dictar sentencia en el primer juicio contra represores en Bahía Blanca ordenaron “extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa”.

El Juzgado Federal que recibió la causa fue el del juez Santiago Martínez, quien delegó la investigación en la Unidad de Nebbia y Palazzani. Los fiscales se abocaron al trabajo y hallaron elementos suficientes para formular las acusaciones ante el propio magistrado, que deberá ahora decidir.

EL CASO HENRICH Y LOYOLA

En 1975 los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola eran delegados gremiales en la empresa y, en reclamo de la aplicación efectiva de un convenio colectivo ya firmado por las partes, fueron las caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que el diario no apareciera.

Los gráficos exigían a la empresa la aplicación de un franco cada cuatro días, como establecía el convenio de trabajo. La medida tuvo alta adhesión, no hubo diario durante tres semanas y la empresa debió cumplir el convenio.

El día en que La Nueva Provincia reapareció, la directora denunció la “labor disociadora” de los delegados, “cuyos fueros parecieran hacerles creer, temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida” (LNP 1/9/75).

Sugirió que pretendían intervenir el diario para “cooperativizarlo o crear alguna otra forma de autogestión sovietizante”, los equiparó con “la infiltración más radicalizada del movimiento obrero argentino” y anunció que “esta empresa también conoce el ‘sóviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un estado en descomposición”.

El 30 de junio de 1976, ambos delegados gremiales fueron secuestrados de sus hogares. Por espacio de cuatro días completos permanecieron desaparecidos. El 4 de julio los cadáveres de ambos trabajadores fueron hallados a la vera de una ruta. Estaban maniatados, con signos de torturas y sobre ellos se habían disparado más de cincuenta balazos.

El diario, dirigido por Diana Julio de Massot, no denunció los secuestros, informó en veinte líneas la aparición de los cadáveres y nunca más recordó el caso. Cuando dos periodistas locales consultaron sobre esos asesinatos al responsable de los grupos operativos del Ejército, el general Acdel Vilas fue contundente: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”.