Licencias truchas en Mar del Plata: acusado principal involucró a Pulti y a Cheppi en la maniobra
En el marco del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral 2 de Mar del Plata por licencias de conducir apócrifas, el principal imputado, Juan Carlos Belmonte, extitular del distrito descentralizado El Gaucho, declaró y señaló al exintendente de General Pueyrredon, Gustavo Pulti, y al exembajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi, como partícipes de la maniobra delictiva efectuada durante años. Leer más
La medida fue dictada por el juzgado federal de Dolores y alcanza a todas las prestatarias del servicio en todo el país. La cautelar fue interpuesta a instancia de un amparo colectivo presentado por la Asociación Consumidores Argentinos. 
Lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura. Se trata del juez federal Guido Otranto y su polémico desempeño en la etapa inicial de la investigación por la desaparición forzada del joven artesano, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después en el río Chubut. 
Cuando el dólar pisaba los 25,52 pesos, en un nuevo récord histórico, el juez federal Julián Ercolini procesó a la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de activos en la causa Hotesur. La medida judicial también se extendió hacia sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, dentro del expediente que investiga las supuestas contrataciones hechas a hoteles de la familia por parte de contratistas de obra pública. 
El juez federal Guido Otranto, el primero que tuvo a su cargo la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado, realizó escuchas ilegales de los teléfonos del hermano del tatuador y otro de sus allegados. Las intervenciones concluyeron cuando quedó al frente del expediente el juez Gustavo Lleral, quien hoy ordenó destruir todos los registros de esas grabaciones. 
El juez rechazó el pedido del Gobierno para cambiar la carátula a muerte dudosa. 
El juicio contra ocho jóvenes acusados de integrar una patota neonazi que causó destrozos y atacó a personas en Mar del Plata durante distintos actos violentos, culminó este jueves con condenas que alcanzan hasta los 9 años de prisión. 
La Cámara de Casación rechazó una apelación que había hecho la defensa por considerarla «inadmisible». 
Por mayoría, la Cámara de Casación devolvió el procesamiento bajo la figura de Defraudación al Estado que había impulsado el juez Julián Ercolini. Casación ordenó la inmediata detención.