ARA San Juan: la jueza pidió que Macri levante el secreto militar
Es porque la Armada no puede dar información debido a una ley que lo prohíbe
Luego de la filtración del último mensaje que envió el ARA San Juan el miércoles 15 de noviembre, con un indicio clave sobre lo que pudo haber provocado la explosión en el submarino, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, envió un pedido al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que interceda y le solicite al presidente Mauricio Macri el relevamiento del secreto de Estado.
Pese a estar a cargo de la investigación de la desaparición de la nave y sus 44 tripulantes, la magistrada no había recibido el mensaje que se filtró y muchos otros datos importantes referidos a la causa por parte de la Armada.
«El personal de la Armada está amprado en la confidencialidad. No puedo citarlos a declarar ni exigirles que me brinden documentación sensible hasta tanto el presidente releve el secreto de Estado. Yo sigo los pasos de la Justicia. No me puedo llevar todo puesto», le dijo a Clarín Yáñez.
El pedido enviado al ministro de Defensa, fue a través de un mail en el cual también envió un cuestionario referido a los últimos días de operatividad, al derrotero y a las comunicaciones de la embarcación con la base y la torre de control.
«El ministro es por ahora el único testigo que llamé a declarar. Se le envió un oficio para saber qué ocurrió y cuándo ocurrió. Puede responderlo por la misma vía o venir en persona a Caleta Olivia», agregó la magistrada, que quedó a cargo de la causa porque tanto la última comunicación del submarino como la presunta explosión registrada a bordo ocurrieron en aguas del Mar Argentino, que están bajo su jurisdicción.
Fuentes del ministerio de Defensa evitaron dar precisiones sobre cuándo Aguad devolvería el oficio (Yáñez le pidió que fuera «a la brevedad»), aunque desde Casa de Gobierno aseguraron que sus respuestas fueron enviadas por mail durante el día de ayer. También explicaron que Aguad dará órdenes a la Armada para que las autoridades de las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano puedan obviar el secreto profesional y así responder «todo lo que la jueza requiera». Y que si eso no alcanzara, intercederá Macri.
La figura del secreto de confidencialidad está definida en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sancionada el 27 de noviembre de 2001, que en su artículo 15 detalla: «El acceso -a la información- será autorizado en cada caso por el Presidente de la Nación (…) La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos referidos (a la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación) se mantendrá aún cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la Justicia».
Si bien muestra una evidente molestia por la imposibilidad de contar con información sensible a la causa, que por el momento está caratulada como «averiguación de ilícito», la jueza evita confrontar con las autoridades de la Armada y señalar culpables por la desaparición del ARA San Juan. «Yo no quiero dejar de ser lógica. Creo que la Armada es la última interesada en que salga a navegar un submarino que no está en condiciones. Además, no puedo dar opiniones. No puedo ‘creer’ que pasó algo; necesito convicciones.Ahora estamos tratando de investigar qué pasó. Luego, con certezas, se va a poder determinar si hubo algún tipo de responsabilidad de tipo civil, penal o administrativa», le explicó Yáñez a Clarín en su despacho del primer piso del juzgado federal, ubicado en la provincia de Santa Cruz.
Para la magistrada, el del ARA San Juan «es un caso muy sensible, de una complejidad que no se compara ni con la tragedia de Cromañón»: «Es la mayor tragedia naval que yo recuerde, al menos en este siglo. Desde la guerra de Malvinas que no se veía tanta gente conmovida en Comodoro Rivadavia. Con mis secretarios y el fiscal federal, Lucas Colla, estamos recabando información y preservando las medidas de prueba. Trabajamos día y noche».
