Denunciaron al juez que benefició a Macri por las offshores
Una camarista pidió que la Justicia investigue al magistrado civil que despegó a Macri de los Panamá Papers porque no podía tomar la causa.
Un juez civil despegó a Mauricio Macri las offshores de la familia presidencial. Coincidentemente, el magistrado ahora necesita del apoyo de Cambiemos para alcanzar un ascenso en trámite. El controvertido y exprés fallo que favoreció al jefe de Estado llamó la atención en el Poder Judicial y se pidió una investigación interna.
El titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 104, Andrés Guillermo Fraga, determinó que Macri no dirigió Fleg Trading ni Kagemusha, a pesar de haber formado parte de los directorios de ambas sociedades. Fue la resolución a la que arribó en la demanda del mandatario contra su padre, Francesco “Franco” Macri, que publicó en detalle El Destape.
Ante esto, la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Marcela Pérez Pardo, pidió que el Tribunal de Superintendencia del fuero investigue una posible actuación “irregular” de Fraga y dilucide si cometió algún delito. En una carta dirigida a la presidenta del cuerpo, Liliana Abreut de Bergher, la integrante de la Sala L aclaró que tomó conocimiento del fallo del juez de primera instancia a través de su difusión mediática.
En el escrito, al que accedió El Destape, Pérez Pardo aclaró que la demanda “en principio, estaría fuera de la competencia de Fraga -serían propias del fuero comercial-”, lo que “tiene relevancia cuando, además, es un hecho público la existencia de causas de naturaleza penal en trámite, que investigan la actuación e intencionalidad de esas partes en los mismos hechos”, en referencia a los roles del jefe de Estado y su padre en los Panamá Papers. En otras palabras, el primer mandatario tendría que haberle hecho juicio a las compañías de las que dice no haber formado parte y no a su accionista mayoritario.
Por otra parte, Pérez Pardo explicó que “el mencionado magistrado no se habría excusado pese a encontrarse participando en un concurso -muy bien posicionado desde marzo de 2017- ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, para un cargo cuya propuesta depende en gran parte, por sus funciones, de la decisión de uno de los litigantes”.