Imputaron a Mauricio Macri por el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino

También fueron imputados el ministro Oscar Aguad y su Director de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Los funcionarios serán investigados por el acuerdo que benefició a la empresa de la familia Macri.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó hoy al presidente Mauricio Macri por el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y Correo Argentino S.A., que implicó una quita de más del 98% en la deuda de la empresa con las arcas públicas. El fiscal también imputó al ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad y al Director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Manuel Mocoroa.
Según trascendió, esta mañana el fiscal presentó la imputación ante el juez Ariel Lijo, para que los funcionarios sean investigados por el acuerdo al que calificaron de «abusivo». En el escrito presentado por el fiscal Zoni, se indica que se está ante un caso «en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonaria en las cartas del Estado».
Durante la mañana de hoy, el jefe de Gabinete, Marcos Peña afirmó que «frente a la discusión» que generó el acuerdo firmado en junio del año pasado con la compañía postal que pertenecía al empresario Franco Macri, «el planteo del Gobierno es solicitar una audiencia lo más rápido posible, con carácter de urgente, a la Cámara Federal, para pedirle que aborde la problemática de manera integral y que incorpore en el análisis los juicios que esta empresa le ha hecho al Estado».
El jefe de Gabinete, aseguró que el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino «no es un problema político, es un tema técnico de carácter judicial». Además, el funcionario aseguró que «el Estado Nacional, como parte de estos juicios, le solicitará a la Auditoria General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir a una postura definitiva» para evitar «cualquier duda de conflicto de intereses».
Más tarde, el propio titular de la AGN, Oscar Lamberto, salió a aclarar que el suyo es «un organismo técnico que depende del Congreso y no del Poder Ejecutivo» por lo que adelantaron que no intervendrán en el conflicto.
En el mismo sentido, Lamberto consideró que le “suena raro que se acuerden de la Auditoría después de que se armó el escándalo” por el cobro de los 300 millones, que representaría apenas el 1 por ciento de lo que la familia Macri le debe al Estado en concepto de cánones de los últimos años.