La ola de despido llegó también al área de Derechos Humanos
Echaron a trabajadores del programa «Verdad y Justicia» y del Registro Nacional de Reincidencias. Temen una baja masiva dentro del Ministerio de Justicia de la Nación.
Entre las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional, Mauricio Macri firmó el decreto nº 254 que dispone revisar los concursos y los contratos de todos los trabajadores estatales en busca de «ñoquis».
Según el decreto hay que revisar en un plazo máximo de tres meses (se cumpliría en marzo de este año) los contratos de quienes fueron designados en planta permanente en los dos últimos años. Además el decreto ordena revisar en un plazo máximo de seis meses los procesos de aquellos que están concursando para un puesto de carácter permanente en la Administración Pública Nacional.
Sin embargo y sin siquiera esperar el plazo mencionado o revisar los contratos, el PRO comenzó en enero a realizar una «despedida masiva» en las dependencias del Estado. Ahora fue el turno del programa «Verdad y Justicia», que está en la Secretaría de Justicia de la Nación.
Esa área trabaja en todo el país para asesorar a los testigos de las causas de lesa humanidad. Fue creada en 2007 en el marco de la desaparición de Jorge Julio López. Hoy, 9 años después, despidieron a 5 trabajadores de los 50 miembros del programa: tres abogados, una socióloga y una antropóloga que eran parte del área de investigación y análisis de riesgo.
Los empleados concurrieron, como todos los días de semana, a la oficina, ficharon (como también hacían todos los días) y se dispusieron a poner su usuario en las computadoras para poder ingresar. La máquina les respondía que había un error que, al principio, creyeron que era técnico.
Sin embargo y tras hacer varias averiguaciones los cinco fueron llamados por el área de recursos humanos y les comunicaron que estaban despedidos. ¿El motivo? Ninguno, «ya no necesitamos sus servicios, los vamos a indemnizar según el tiempo trabajado», dijeron.
Cecilia Cinius, una de las trabajadoras del programa que no fue echada, contó a El Destape web que «el macrismo viene diciendo que los trabajadores del Estado somos todos ñoquis pero en este caso se demuestra claramente que no porque nosotros fichábamos todos los días, los compañeros asistían a trabajar».
Además, dijo que «nadie hizo un sumario previo de los cinco casos. No se tomaron el tiempo para revisar a nadie y esto es un claro atropello a los derechos humanos, el macrismo quiere avanzar en este sentido».
Por su parte Romina, otra trabajadora del programa que no quiso dar su apellido «por todo lo que viene sucediendo», dialogó con ese medio y aseguró que «se rumoreaba que en el ministerio de justicia iba a haber más o menos 1100 despidos y se sabía que se iban a disolver secretarías. Así están empezando».
«Esto no es un caso de ñoquis ni un caso de militancia, porque no sentimos persecución política, nadie nos preguntó si éramos o no kirchneristas pero sí creemos que es una embestida a las políticas de derechos humanos», aseguró.
Asimismo, contó cómo vive el día a día un trabajador del Estado: «La verdad que nosotros tenemos miedo, ayer había desesperación generalizada. No sabíamos si ir todos a recursos humanos para preguntar por cada situación particular porque dicen que en la oficina había muchos más expedientes de despidos».
Además de los casos del programa mencionado, también en el Registro Nacional de Reincidencias se produjeron despidos de trabajadores, algunos de más de 3 años.
Al igual que en «Verdad y Justicia», quienes fueron despedidos, son trabajadores que todos los días cumplen sus obligaciones laborales.
Desde Ate anunciaron que «la Junta Interna de Delegados, junto a los trabajadores de todo el Ministerio, defenderemos los puestos de trabajado del que viven nuestras familias».
«El Ministro ha incumplido su palabra de conformar la Mesa Laboral que solicitara esta delegación sindical, para discutir con los gremios las problemáticas laborales», relataron desde el gremio.