A nueve años del inicio del proceso de Memoria, Verdad y Justicia

En 2005 la Corte Suprema declaraba inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en un fallo histórico que aceleró los juicios a más de un centenar de represores y permitió nuevas detenciones por violaciones a derechos humanos.

Gracias a esta declaración de inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad hoy se desarrolan en el país 14 juicios en los que son juzgados represores y civiles cómplices de la dictadura.

El fallo, que puso fin al debate sobre la validez de las leyes contó con amplia mayoría de 7 votos y se basó en pactos internacionales y en la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Hace nueve años, el entonces presidente Néstor Kirchner aseguró que el fallo le devolvió a los argentinos «la fe en la justicia» porque esas leyes llenaban «de vergüenza» al país.

La inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521, dictadas en el gobierno de Raúl Alfonsín, contó con el aval del entonces presidente de la Corte, Enrique Petracchi, y los ministros Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Elena Higthon, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti.

Las bautizadas «leyes del olvido o del perdón» fueron dictadas en 1986 y 1987, en la presidencia de Raúl Alfonsín y frenaron decenas de causas judiciales contra acusados por la represión ilegal en la última dictadura.