Maipú: Procesaron a 7 personas por el escándalo electoral
En 2019 el actual intendente de Maipú, Matías Rappallini, ganó por menos de 50 votos de diferencia con su competidor acusado de haber retenido documentos.
El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, procesó a 7 personas por haber estado involucradas en la retención de documentos de identidad de vecinos de Maipú en el marco de las elecciones de 2019, cuando el actual intendente, Matías Rappallini, ganó por menos de 50 votos de diferencia con su competidor del Frente de Todos.
En ese momento se desató un escándalo por la proliferación de denuncias de personas que aseguraron que sus DNI fueron retenidos y no pudieron ir a votar. “Se constató que la mayoría de los denunciantes no pudo emitir su voto, y se obtuvieron capturas de pantalla de comunicaciones de texto y por voz que daban cuenta de las maniobras denunciadas”, dice parte del fallo.
En diálogo con Infocielo, el concejal y competencia de Rapallini en las elecciones de la polémica, Facundo Coudannes, sostuvo que ante este procesamiento, Rappallini «debería tomar licencia porque su elección no está legitimada, además de pedirle la renuncia al secretario de Obras Públicas, que quedó involucrado en el caso».
Franco y Diego Miluzzi, Raúl Ibarra, María Fernández, Carlos Villalba, Miguel Ángel Silva y César Nievas son las personas que fueron alcanzadas por el fallo de Ramos Padilla. Uno de ellos, el exagente de policía Franco Miluzzi, prestó declaración y sostuvo que su función era «salir a recorrer, ir casa por casa, llevar una bolsa de vicios –comida en general, garrafas, etc.–, todo para juntar votos para las elecciones; yo lo que tenía que hacer es que la gente lo votara al intendente Rappallini”.
Según el fallo al que accedió El Destape, el juez postuló cómo fue que se llevó a cabo el proceso y señaló que “todas las víctimas dieron cuenta de una modalidad similar: semanas o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía ‘comprarles’ su DNI a cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas de gobierno, gestión de trámites, etc., y ellas, enmarcadas en un estado de necesidad, accedían”.
“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos familiares refirieron haber sido amenazados con que, en caso de no entregar sus documentos de identidad, perderían su trabajo”, marcó.