Por la eliminación de ministerios, podría haber 10 mil despidos en el área de Justicia
A partir del ajuste estatal que encabezó Macri, 10 mil trabajadores del ministerio de Justicia se encuentran en peligro, al tiempo que otros 100 dependientes de la Secretaría de DDHH podrían ser despedidos. Una de sus tareas es participar en los juicios de lesa humanidad y violencia institucional.
Con la orden del presidente Macri de recortar diez ministerios y transformarlos en secretarías, se dio paso a un nuevo ajuste en el Estado que –aunque sin detallar- suponía despidos y conflictos laborales.
La tarea de los integrantes de esta área es fundamental para el seguimiento de los juicios por lesa humanidad, así como una presencia del Estado en casos de violencia institucional y la articulación con organismos de Derechos Humanos.
En el Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano, 10 mil trabajadores se encuentran en una “situación de riesgo” debido a un traspaso del ente que los contrata hacia el ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne.
Por su parte, unos 100 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, también dependiente del Ministerio de Justicia, podrían ser despedidos para mediados de octubre.
“Estamos en una situación de riesgo de nuestras fuentes de trabajo por dos situaciones: se dará un traspaso de los entes que nos contratan hacia el ministerio de Hacienda, poniendo en peligro a 10 mil trabajadores de ministerio de Justicia. Por otro lado, ya despidieron a un compañero de la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo a este medio Néstor Morua, delegado de ATE en la delegación de La Plata.
Según el delegado, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj “les dio tiempo hasta el 15 de octubre” para que los trabajadores puedan encontrar un traspaso en el Estado, o serán despedidos.
La tarea de los integrantes de esta área es fundamental para el seguimiento de los juicios por lesa humanidad –como es su participación en la querella en el juicio por la brigada de San Justo-, así como una presencia del Estado en casos de violencia institucional y la articulación con organismos de Derechos Humanos.