Buscan que los padres de menores que realicen amenazas paguen los costos
Frente a la ola de unas 2 mil amenazas de bombas en escuelas en el último mes y luego que se detectara que más de un 90 por ciento de los casos fueron realizados por menores, el Gobierno bonaerense decidió promover una demanda por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos que sean identificados como autores de estos hechos y así paguen los costos del operativo.
La medida de la administración de María Eugenia Vidal busca llevar a la Justicia a los tutores de quienes realicen las intimidaciones telefónicas y fue tomada luego que en un mes se registraran 1991 llamados. Si bien es un delito excarcelable, fuentes del Gobierno indicaron que el objetivo es promover una demanda por daños y perjuicios para que le hecho no quede en la nada.
En realidad, los imputados por este delito quedaron bajo la figura de “intimidación pública”, y por eso piden que los padres y directivos de los colegios adviertan a los alumnos que aquellos que hagan los llamados pueden quedar procesados en causas por las que enfrentarán penas de entre dos y seis años de cárcel.