Por ley, quien agreda a un docente en Provincia podrá ir preso
La nueva ley presentada por el Poder Ejecutivo provincial «sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre 6 mil y 15 mil pesos. Comenzará a aplicarse en el próximo ciclo lectivo
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley en la última sesión del año, el proyecto oficial que agrega el artículo 74 bis al Código de Faltas, mediante el que a partir del próximo ciclo lectivo se podrá penar con multas y hasta arresto a las personas que agredan verbal o físicamente a personal docente y no docente de los establecimientos educativos públicos y privados bonaerenses.
«Fue una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal ante los innumerables casos de agresión a docentes y a toda la comunidad educativa, notó que se estaba produciendo una ola de agresiones. La Provincia tiene Código de Faltas, y lo que pudimos hacer es modificar esa normativa, previendo esta nueva modalidad de agresión a todo el personal docente y no docente dentro de los ámbitos educativos», dijo a Télam el senador y presidente de la Comisión de Educación, Juan Pablo Allan (Cambiemos).
Según establece la nueva normativa presentada por el Poder Ejecutivo provincial «sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (valor que ronda entre los 6 mil y 15 mil pesos) a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no».
Ademas, la ley que cuenta con el aval de los gremios docentes y que comenzará a aplicarse en el próximo ciclo lectivo, establece que se sancionará a quien «insulte» a un docente o auxiliar «o provoque escándalo», a quien «ejerza actos de violencia física», «perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa» o «ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente».
Las penas también alcanzarán a quien arroje «un elemento de cualquier naturaleza» a un trabajador de la educación o «contra un bien de utilidad educativa», con lo que se incluye a los edificios escolares. En ese sentido, las acciones mencionadas » se duplicarán» en caso de cometerse frente a otros alumnos.
«Hay una estadística que dice que en el 2015 se registraron 236 agresiones al personal docente, y 7 de ellas. fueron con armas. A eso hay que sumar lo que no es denunciado», explicó el senador.