Impulsan la creación de una licencia laboral por violencia de género

La diputada provincial Patricia Cubría (bloque Peronismo Para la Victoria), Patricia Cubría, pidió establecer un régimen de licencia especial para las trabajadoras de la provincia de Buenos Aires que sufran una situación de violencia de género.

“Esta iniciativa apunta a reconocer que la violencia de género no es un asunto privado de las personas, sino que es una manifestación cultural creciente de desigualdad donde el Estado tiene responsabilidad de garantizar los derechos de las víctimas y debe actuar a través de herramientas específicas”, explicó Cubría sobre la presentación de su proyecto de ley.

De acuerdo a la normativa, las y los agentes dependientes de la Administración Pública, cualquiera sea su régimen de contratación, podrán gozar de una licencia especial cuando padezcan cualquier tipo de violencia de género, según lo establecido por la ley Nacional 26.485.

“Incluir a la violencia de género como causal suficiente para la solicitud de una licencia especial, significa una ampliación de derechos para las trabajadoras de nuestra Provincia” afirmó la autora de la iniciativa, quien agregó “estamos generando una herramienta de protección y contención concreta ante el estado de riesgo de una víctima de violencia de género”, agregó.

A su vez, sostuvo que la iniciativa “pretende visibilizar una realidad económica, social y cultural que impone modelos y estereotipos injustos y discriminatorios que derivan en violencia de género”.

“El Estado no puede ser indiferente ante estas situaciones, tiene la obligación de proteger los derechos de las mujeres e implementar políticas públicas de prevención y de alerta temprana para evitar que este tipo de hechos deriven en un femicidio”, argumentó.

Cabe destacar que el poder Ejecutivo podrá evaluar, según la gravedad del caso, la prórroga de dicha licencia, como así también la posibilidad de la reducción de la jornada laboral y la readecuación del tiempo y lugar de prestación del trabajo sin que ello afecte los haberes de la trabajadora. En todos los casos, el organismo empleador deberá preservar la intimidad de las víctimas.

La iniciativa prevé además que la solicitud de la licencia por violencia de género se validará a través de una certificación emitida por un organismo administrativo o judicial, de carácter nacional, provincial o local, con competencia para la asistencia a víctimas de violencia de género. Asimismo, los profesionales médicos o psicológicos del sector privado tendrán facultades para realizar dicha certificación.