El Senado bonaerense analiza el pedido de audiencia pública para ley de excarcelaciones
Defensores de los derechos humanos, magistrados y funcionarios judiciales le entregaron este lunes al vicegobernador Gabriel Mariotto la solicitud con centenares de firmas para que la iniciativa de Scioli y Casal sea debatida por la ciudadanía antes de su tratamiento en la Cámara alta.
Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), jueces y defensores oficiales fueron recibidos este lunes por el vicegobernador Gabriel Mariotto, en su carácter de titular del Senado.
Durante el encuentro, las organizaciones le entregaron a Mariotto un pedido para realizar una audiencia pública en torno al proyecto del gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, que busca limitar las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de Diputados, reforma el artículo 171 del Código Procesal Penal y sus modificatorias (ley 11.922) con el objetivo de prohibir las excarcelaciones cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego de cualquier calibre, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento.
El pedido al Senado se plantea una “profunda preocupación” por una iniciativa que “pretende limitar excarcelaciones, bajo distintos supuestos prima facie inconstitucionales”.
“Creemos que una reforma de semejante índole no puede ser sancionada a las apuradas, sin un amplio debate previo, y sin antes ser escuchado el punto de vista de ciudadanos/as, miembros de la sociedad civil, funcionarios públicos/as y organismos de DD.HH.”, sostienen las organizaciones.
Tras el encuentro con Mariotto, el Defensor Penal Juvenil, Julián Axat, indicó a la prensa que “hubo una buena recepción” por parte del presidente del Senado, quien se comprometió a estudiar la realización de la audiencia pública solicitada.
En una reciente entrevista, Axat había asegurado que “el proyecto para limitar las excarcelaciones viola todos los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”.
Por su parte, el CELS y la CPM precisaron que la iniciativa deteriora la estructura de garantías básicas del Código Procesal Penal, viola el principio de igualdad, agrava la crisis carcelaria provincial, le da mayor atribuciones a la policía, se aparte de las políticas de desarme y no soluciona ninguno de los problemas relacionados con la seguridad.
Adhirieron al pedido la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Defensores de Derechos Humanos, el Centro de Estudios en Política Criminal (Cepoc), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), entre otras organizaciones, jueces, defensores oficiales, abogados y particulares.