La CPM reclamó que diputados bonaerenses traten el mecanismo contra la tortura
Tras celebrar la ley que se aprobó en el Congreso Nacional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), aprovechó para pedir celeridad en torno a una iniciativa similar que ya cuenta con media sanción del Senado bonaerense. “El importante apoyo que tuvo la sanción del proyecto a nivel nacional debería tener su correlato en la Cámara de Diputados provincial”, sostuvo el organismo.
Desde esta semana es ley en nuestro país la creación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en cárceles y otros lugares de encierro.
La norma, que fue sancionada el miércoles último en la Cámara de Diputados de la Nación, establece atribuciones básicas de control, prevención y sanción de la tortura. Garantiza el acceso irrestricto a los lugares de detención y a la información relacionada con las personas privadas de libertad y la posibilidad de realizar registros fílmicos y fotográficos.
El proyecto fue elaborado por 23 organizaciones de diferentes provincias argentinas, que discutieron durante varios meses los detalles de este dispositivo contra la tortura.
Una de esas organizaciones fue la Comisión por la Memoria (CPM) bonaerense, que destacó que la ley sancionada a nivel nacional fija “requisitos mínimos para la creación de los mecanismos provinciales, que deberán ser creados por ley”.
Estos deberán garantizar: independencia funcional y autarquía financiera, publicidad y participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de creación y funcionamiento del/los mecanismos locales, respeto de los principios de equidad de género, no discriminación y multidisciplinariedad en su composición, articulación con las organizaciones e instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la situación de las personas privadas de libertad, provisión de los recursos específicos y establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas.
En la provincia de Buenos Aires existe un proyecto de ley en ese sentido, elaborado por el senador Santiago Carreras, para crear el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura en el Servicio Penitenciario.
La iniciativa obtuvo media sanción por unanimidad a mediados de octubre en la Cámara alta, pero cuando era girada a Diputados el gobernador Daniel Scioli creó por decreto su propio mecanismo contra la tortura, demorando el avance del proyecto parlamentario en la Legislatura.
El decreto de Scioli estableció una Comisión Interministerial y un Consejo Consultivo destinados a la prevención de la tortura y otros tratos crueles en contextos de encierro, adonde ya se remitieron varias denuncias, aunque a un mes y medio de su creación no se registraron resultados concretos para terminar con los graves maltratos que sufren las personas privadas de su libertad en las cárceles bonaerenses.
De hecho, en una reciente entrevista con AgePeBA, el director del Comité contra la Tortura de la CPM, Roberto Cipriano García, advirtió que la Comisión Interministerial del gobernador “de ninguna manera cumple con el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, que es un protocolo internacional a través del cual Argentina, que ya lo ha ratificado, tiene la obligación de crear mecanismos de control y de prevención de la tortura”.
“Estos mecanismos tienen que ser independientes del Poder Ejecutivo y tienen que tener autonomía financiera, funcional”, explicó al ponderar el proyecto impulsado desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, que preside Carreras.
Tras la sanción del mecanismo contra la tortura en el Congreso, la CPM insistió una vez más con la iniciativa demorada en la Cámara de Diputados de la Provincia.
“El importante apoyo que tuvo la sanción del proyecto a nivel nacional debería tener su correlato en la Cámara de Diputados provincial para aprobar el Mecanismo Provincial de Prevención de la Tortura”, afirmó el organismo de derechos humanos.