Denuncian que las obras sociales exigen dos años de tratamiento para aprobar operaciones bariátricas

A cuatro años de aprobada la Ley 26396 de Trastornos Alimentarios, que reconoce como patologías a la obesidad, la bulimia y la anorexia, los pacientes denuncian que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales exigen una certificación de dos años de tratamiento para aprobar las operaciones y otros beneficios paliativos.

Alberto Logulo, abogado especialista en Ley de Obesidad de Unidades Bariátricas, señaló que “si bien la ley está reglamentada, hay un artículo que se hizo mal porque pide que el enfermo tenga que demostrar 24 meses de tratamiento” para que se autorice la cobertura médica por parte de las firmas privadas.

Para Logulo, esta reglamentación “choca con la constitución, los principios del derecho porque no podes pedir volver el tiempo atrás ni esperar dos años para juntar ese requisito. Es como estimular a que la persona continúe con su patología”.

Frente a esta situación, tal como denuncian algunos pacientes del Foro “Familias Bariátricas”, se suelen presentar recursos de amparo, los cuales mayoritariamente se resuelven favorablemente. Sin embargo, las intervenciones que necesitan los enfermos de trastornos alimentarios deben ser reprogramadas en varias oportunidades producto de la judicialización de la ley.

Al respecto, el especialista Alberto Logulo advirtió que “la problemática en Argentina se ubica segunda en la incidencia mundial, sólo superada por Japón por lo que es importante actuar lo antes posible” y, en este sentido, explicó que “la vida cotidiana de los enfermos es muy difícil, los obesos no pueden viajar, no pueden higienizarse solos y existen grandes posibilidades de que caigan en la depresión”.

Cabe resaltar que la ley reconoce la prevención y acción frente los trastornos alimentarios desde múltiples factores culturales, psicológicos, sociales, genéticos. Así, los prestadores están obligados a cubrir desde cirugías reconstructivas, que anteriormente eran consideradas como estéticas, hasta disciplinas como musicoterapia que ayudan a que el enfermo supere su enfermedad.

Finalmente, Logulo aseguró que “para la medicina privada igualmente es un negocio porque no a todos los que se les aprueban las operaciones afrontan esa decisión” y consideró que “el Estado tendría que hacerse cargo de estos tratamientos y operaciones. Hay mucha gente de clase media-baja que no tiene acceso a tratarse de estas patologías”.