Apenas 20 municipios bonarenses tienen normas contra la explotación sexual

En la provincia de Buenos Aires sólo 20 municipios tienen una normativa que prohíbe los locales de explotación sexual, según la investigación que realizó el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo.

“Tenemos que generar una fuerte conciencia colectiva, que exija a los representantes y formadores de leyes un mayor compromiso en esta lucha permanente contra la explotación sexual”, dijo el defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, durante la presentación del informe sobre “Trata de personas y delitos conexos”

La investigación analiza el período comprendido entre los años 2011 y 2013 y revela que solo 20 municipios de la Provincia tienen algún tipo de normativa que prohíbe las habilitaciones de locales donde puede producirse algún tipo de explotación sexual, mientras que 43 toleran de alguna manera la habilitación de esos establecimientos y en los 72 restantes no existe ningún tipo de regulación.

El informe también arrojó que fueron dieciséis las sentencias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la Provincia en estos años. De esos procesos, en once hubo condena de los imputados, en dos se absolvieron a alguno de los imputados y en otras dos se absolvieron a todos los procesados.

“A su vez, esas dieciséis sentencias dan cuenta de 132 personas encontradas en los allanamientos como potenciales víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual. De esa cantidad, finalmente 70 fueron reconocidas como víctimas (el 53%), de las cuales el 85% fueron mujeres, el 8% personas trans, mientras que sobre el porcentaje restante no se pudo identificar el género”, informó ese organismo provincial.

Por otro lado, el 60% de las víctimas fueron de nacionalidad paraguaya; 14% dominicanas; 9% argentinas; 1% brasileñas; mientras que del restante 16% no hay información sobre su origen. Asimismo, la gran mayoría fueron mayores de edad (97%), mientras que un 3% fueron menores.

En cuanto a los imputados, el 49% fueron varones; el 43% mujeres y del porcentaje restante no hay datos. Del total, el 35% fueron argentinos; un 11% paraguayos; y el 2% dominicanos. Del porcentaje restante no fue posible reconocer su nacionalidad.

Por último, del análisis de las sentencias se desprende que la mayoría de las víctimas pertenecen a sectores sociales excluidos, sin capacidad económica, sin instrucción escolar, y la mayoría fueron extranjeras ilegales o en situación irregular.