Necochea: concejales repudian amenazas y piden que la Justicia investigue

Al reanudarse este viernes la 11º sesión ordinaria que fuera interrumpida por una amenaza de bomba, concejales de distintas bancadas coincidieron en repudiar este acto intimidatorio, requirieron que la Justicia investigue para dar con los posibles autores y manifestaron su preocupación por los últimos hechos que se han venido registrando en el cuerpo legislativo.
El presidente del HCD, Pablo Aued, advirtió que «se viene atentando contra el sistema representativo y democrático”, responsabilizando a «grupos minúsculos y anárquicos que ven como enemigos a quienes no piensan igual”.
Sostuvo que «el objetivo es cercenar el funcionamiento de las instituciones”, pero insistió en que «igualmente seguiremos tomando decisiones, pese a que a estos violentos e intolerantes no les guste”.
Con la del jueves por la noche, fueron tres situaciones consecutivas irregulares que se vivieron en el Concejo Deliberante. En la primera de ellas, una actitud patoteril encabezada por ATE y a la que se sumaron otros sectores, interrumpió la sesión para rechazar la posible concesión de la playa de camiones de Quequén, al tiempo que amenazaron a los concejales con «buscarlos a donde vayan…”
Posteriormente, un grupo que defendía a Horacio Tellechea hostigó a los ediles y una mujer intentó agredir a Alberto Esnaola, en tanto que, en la última sesión, una amenaza de bomba obligó a pasar a cuarto intermedio hasta ayer por la mañana.
De todos modos, se alcanzó a votar el proyecto relacionado con la iniciativa privada para la playa de camiones de Quequén, lo cual habilitó el proceso para el llamado a licitación para otorgar en concesión el predio.
Ayer, a las 12.15, se reanudó la sesión ordinaria con 13 concejales y, antes de tratarse los tres expedientes que habían quedado pendientes, la oficialista Ana Asa (FpV-PJ) calificó como lamentable lo sucedido y reclamó que el cuerpo se pronunciara rechazando las prácticas deleznables, mientras que el sciolista Ricardo Calcabrini entendió que debe evaluarse la posibilidad de establecer controles más rígidos en el acceso, como existen en los ministerios o la propia Legislatura bonaerense.
Arturo Rojas (Unión Peronista/Fe) fustigó los hechos y solicitó la intervención de la Justicia para que se investiguen.