Cuando el Estado apuesta al futuro se consolida la «densidad nacional»

En el día de ayer fue anunciado el Plan PROG.R.ES.AR (Programa de respaldo a estudiantes argentinos) por la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. El mismo se trata de un nuevo derecho que tienen los jóvenes entre los 18 y 24 años que no trabajan, trabajan informalmente o tienen un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar posee iguales condiciones, para iniciar o completar sus estudios en cualquier nivel educativo. De esta forma, se logra la perfecta conjunción con la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo (decretadas en 2009 y 2011 respectivamente). Ahora, las personas en situación de vulnerabilidad quedarían cubiertas previsionalmente desde los 0 años hasta los 24.

Desglosemos un poco estas medidas de seguridad social y repasemos su impacto. La AUH se abona por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad, a las familias que no cuenten con cobertura social y se encuentren en situación de vulnerabilidad, hasta un límite de cinco hijos por grupo familiar. Es una transferencia directa del Estado a la persona, a través de la ANSES. El impacto que ha tenido desde su implementación prácticamente no tiene precedentes en la historia argentina.

Según estudios del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la pobreza total del país se redujo del 26% al 22,6% en 2010, sacando de la pobreza entre 1,4 y 1,8 millones de personas (gran parte de ellas dejaron de serlo por la AUH de forma automática), de las cuales entre 700 mil y 1,1 millón son menores. Siguiendo la misma tendencia, la indigencia disminuyó de 7,5% a 3,4%. Además la brecha entre ricos y pobres, que luego de la crisis económica de 2002 se situaba en 39,4 veces, cayó del 24,8 en 2009 a 14 veces en 2010, llegando al nivel más bajo desde 1986 y posicionando a Argentina nuevamente como el país más igualitario de Latinoamérica. Por otra parte, la matrícula escolar ha aumentado en 27% el número de chicos escolarizados a nivel nacional.

A partir de su implementación, se ha generado cierta polémica en relación a los efectos que la AUH podría tener en el mercado de trabajo. Desde la óptica de la economía ortodoxa, las políticas de transferencias monetarias suelen ser motivo de críticas debido a que la obtención de un ingreso desvinculado de la actividad laboral podría desincentivar la búsqueda de empleo por parte de los beneficiarios. Según esta perspectiva, esto introduciría una distorsión en el mercado laboral en el sentido de interferir en el libre juego de oferta y demanda laboral, retrayendo la oferta de trabajo. Por consiguiente, a raíz de la percepción de la transferencia monetaria, se elevaría el salario mínimo a cambio del cual la persona estaría dispuesta a trabajar, y con él los costos laborales de producción. La presidenta habló de esto en su discurso de apertura de las sesiones legislativas del 1 de marzo del 2013, afirmando que la AUH contribuyó a que las empresas dejen de contratar a personar “por dos mangos” para trabajar muchas horas. Sin embargo, no debe perderse de vista el hecho de que los trabajadores en relación de dependencia que se encuentran registrados en el sistema de seguridad social perciben asignaciones familiares, de manera que un desocupado perceptor de la AUH no tendría ningún desincentivo a trabajar, dado que al pasar a estar ocupado seguiría cobrando la asignación: sólo estaría pasando del régimen no contributivo al contributivo.

El financiamiento de la misma ha sido un tema de debate. La AUH, junto a las asignaciones familiares que cobran los trabajadores registrados, integra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional, que es el fondo creado en el traspaso de los fondos de las AFJP al actual Sistema de Reparto. Este sistema cuenta con los aportes de los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores, recursos tributarios de afectación específica, como el IVA, Ganancias, entre otros, y transferencias del Tesoro Nacional. Además, la financiación de todo el sistema de seguridad social fue reforzada por única vez con un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 480 millones de dólares en marzo de 2010. Aquí el PROGRESAR marca una diferencia, ya que será íntegramente financiado por el Tesoro Nacional, lo que requerirá una partida presupuestaria, pero se gestionará en ANSES por una cuestión de logística y cantidad de UDAI en todo el país.

Hablando en términos económicos, lo que genera la Asignación y, a partir de ahora, el PROG.R.ES.AR, es una nueva partida de dinero que será volcada en su amplia mayoría (por no decir su totalidad) al el consumo. Esto se debe a que, según la teoría keynesiana, las personas con más bajos recursos tienden a consumir en bienes y servicios del 100% de sus ingresos, no destinando nada al ahorro. Esto se revierte mientras se posee más ingresos, asignando una parte del mismo al ahorro. Esta visión del consumo tuvo un papel fundamental en 2009, ya que debido a un contexto interno y externo complicado estuvimos al borde de la recesión. Pero no caímos en él en gran parte por la ayuda de la Asignación Universal por Hijo como gran dinamizador del consumo. En ese sentido también es encarado el nuevo plan. El PROGRESAR destinará una transferencia mensual de $600 para aquellos estudiantes que no tengan trabajo o para aquellos que tienen uno muy precario. Sin duda es una ayuda inimaginable para la persona en situación de vulnerabilidad esta inyección de dinero y funcionará como incentivo para la educación y los oficios.

La AUH y las políticas sociales adoptadas por el kirchnerismo constituyen hoy un piso casi modélico de lo que no tiene marcha atrás. No obstante, en lo que parece ser la gran pregunta que los que quieren preguntar no hacen –no sólo cuáles son las propuestas sino cómo las van a financiar, tocando qué intereses–, incluso quienes enuncian que mantendrían la AUH insisten en no admitir que fue la recuperación de los fondos previsionales –cuya idea e impulso la Presidenta le reconoció explícitamente al vicepresidente Amado Boudou–, la que hizo posible esa política de Estado. Una y otra cosa formaron parte de un mismo proceso, una misma concepción del Estado y un mismo rumbo de recuperación de los sectores populares.

Los índices hablan por sí solos y no hay lugar a críticas. La pobreza se ha reducido drásticamente en la última década. Recordemos que venimos de muchos años de negligencia estatal que destruyeron la “densidad nacional” (en términos de Aldo Ferrer) y permitieron el desmantelamiento del tejido social. Estas medidas vienen a subsanar esas falencias para consolidar un estado que esté presente en la vida de los argentinos, yendo de la mano con la justicia social y la igualdad, funciones necesarias del mismo e imprescindibles para la construcción de una nueva sociedad mucho más equitativa.