Defensoría reclama tarifa social de telefonía y televisión para discapacitados

La Secretaría de Comunicaciones de la Nación expuso que si bien «no hay previsión expresa en la estructura general» de costos, «se realizarán las gestiones pertinentes ante las Cámaras que nuclean a los prestadores del sector, para analizar la factibilidad de atender a la situación planteada».
El Adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, recomendó a la Secretaría de Comunicaciones, gestionar y procurar la aplicación de una tarifa social sobre la telefonía fija y móvil, televisión por cable e internet, para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a esos servicios en condiciones de igualdad.

La resolución se originó ante la presentación de Roberto Quintero, quien solicitó la intervención del Ombudsman invocando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en especial el artículo 3º referido a la participación, inclusión e igualdad de oportunidades; el artículo 4º que pauta las obligaciones de los Estados Parte y los artículos 9º y 21º sobre accesibilidad y comunicación accesible para personas con discapacidad.

Sobre el caso, la Secretaría de Comunicaciones, recordó que si bien “no hay previsión expresa en la estructura general de tarifas, se realizarán las gestiones pertinentes ante las Cámaras que nuclean a los prestadores del sector, para analizar la factibilidad de atender a la situación planteada”.

Tras recomendar el establecimiento de tarifas diferenciales en servicios de comunicación para personas con discapacidad, la Defensoría nacional puso en conocimiento de la misma a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad.

“Hablar de una tarifa social con precios accesibles, es referirnos a un precio diferencial para sectores o colectivos económicamente vulnerados”, afirma Sella en la resolución.

Y completa: “se trata de un instrumento de política social que permite a las personas con discapacidad, ejercer sus derechos sin obstáculos, asegurarles el acceso en condiciones de igualdad a servicios, dispositivos y asistencia, para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad y cumplir con el postulado de equiparación de oportunidades”.