Afirman que el agua de unidades del penal de San Martín no es apta para consumo humano
El secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, contó que así lo indican los nuevos estudios que tuvieron lugar tras la presentación de su Habeas Corpus, y que se realizaron con la participación de peritos de parte. Con el informe se afirma que el agua no es apta para consumo según el código alimentario argentino.
En mayo de este año, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un Hábeas Corpus frente a la gran preocupación por parte de los detenidos por napas contaminadas en las unidades penitenciarias 46, 47 y 48 de San Martín.
La jueza María del Carmen Melluso hizo lugar al pedido y ordenó abastecer agua con bidones o camiones cisterna mientras se desarrollan los estudios correspondientes sobre las napas, que se hicieron en octubre de 2012 y febrero de 2013.
Casolati contó a AgePeBA que los nuevos estudios, que tuvieron lugar tras la presentación de su habeas corpus y que se realizaron con la participación de peritos de parte. Con el informe se afirma que el agua no es apta para consumo según el código alimentario argentino. Es decir, que sigue estando contaminada con elementos que además son muy nocivos para la salud.
Hay exceso de cloruro, bacterias, amonio (lo grave de esto es que además de hacer estragos en el aparato digestivo, produce ceguera, cáncer y puede provocar abortos espontáneos). Es especialmente peligroso para para niños, mujeres embarazas y población carcelaria de alta vulnerabilidad.
“Ahora bien, con estos nuevos estudios se comprueba además que los pozos (la obra realizada por el ministerio y el OPDS) están mal hechos, puesto que el agua está contaminada. En el mejor de los casos, cuando ellos dijeron que esa agua no estaba contaminada, fue un error. En el peor de los casos, fue un informe falso”, señaló.
“Por otra parte, cuando el ministerio de Seguridad se entera de los resultados del nuevo informe que vino tras el Habeas Corpus, empieza a enviar los camiones cisterna, aunque no lo hizo ni bien la jueza lo ordenó sino que empezó a hacerlo ahora”, según Casolati, quien añadió: ¿Cómo se abastece a los detenidos con el agua de los camiones cisterna? Fácil: hay que cargar y recargar bidones y llevarlos a los pabellones. Los bidones ya están sucios y degradados y tampoco se sabe si el agua que envía ABSA en los camiones, es utilizable”.
“Ahora la jueza debería resolver la cuestión de fondo. Debe obligar al Estado que haga una obra pública para llevar una red de agua pública”, abundó Casoloti, quien critica a las autoridades competente.
El 3 de diciembre del año pasado, el diario Tiempo Argentino informaba: “luego de fracasar en su intento de echarlo, la Procuración bonaerense sancionó con un mes de suspensión sin goce de suelo al defensor oficial de San Martín, Juan Manuel Casolati. El funcionario quedó en la mira de la procuradora María del Carmen Falbo por denunciar las condiciones de detención en la provincia. Casolati se defiende: ‘Quiere amedrentarme para que deje de revelar los atropellos que se cometen a diario en las cárceles e institutos de menores. En la provincia la justicia no existe y el poder judicial en general es una escribanía de los poderes corrompidos’».