Caso Gorosito: “El modus operandi lo convierte en caso testigo de violencia institucional”

MORÓN – Lo manifestó Margarita Jarque, directora del Área de Litigios de la Comisión Provincial por la Memoria, que asiste al juicio por el asesinato del joven como veedora. Aseguró que tienen expectativas “por una condena que recaiga con todo el peso de la ley”. Esta semana tendrán lugar los alegatos de los once efectivos de la Bonaerense acusados por el crimen y de la civil involucrada.

“Todas las circunstancias investigadas fueron probadas en el juicio”, afirmó a esta agencia Margarita Jarque, Directora del Área de Litigios de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en relación al desarrollo del proceso por el crimen de Fabián Gorosito, cuyo cuerpo apareció en 2010 en un descampado de Mariano Acosta, y por el que están acusados once efectivos de la Policía bonaerense y una civil.

En esa línea, agregó que hay “expectativas de que exista una condena en la que recaiga todo el peso de la Ley y aseguró que las pruebas que demuestran la culpabilidad de los acusados son contundentes: “Se ha demostrado durante el proceso no sólo cómo fue asesinada la víctima, sino también cómo fue arrojado su cuerpo a una zanja, el intento de la bonaerense por encubrir a sus agentes y la forma en la cual fue detenido Gorosito, que se podría clasificar como secuestro”.

La representante de la CPM subrayó además que esperan que se visibilice el carácter del delito “realizado por el Estado como una práctica con características sistemáticas”. “Debemos reflexionar sobre el hecho de que el modus operandi del crimen lo convierte en un caso testigo de violencia institucional de los tantos que suceden en la Provincia y que tienen que ser condenados”, explicó.

Al respecto, mencionó que la violencia desplegada por la policía se realizó fuera de los turnos en los que estaban de servicio, mientras actuaban vestidos como civiles. “Enfocarnos en esta manera de accionar permite pensar una cantidad de cuestiones interesantes para profundizar, como la cantidad de policías que se encuentran inculpados en el crimen, que son una docena”.

Asimismo, en relación a la hipótesis de la querella, que sostiene que los policías lo asesinaron porque el joven mantenía una relación sentimental con la mujer de uno de ellos, Aixa Sosa, también imputada por el crimen, declaró: “Esto no puede quedar como un hecho sucedido entre particulares por móviles particulares”.

Los imputados en esta causa por “torturas seguidas de muerte” son los ex policías Adrián Giménez, Pablo Nievas, Raúl Ortiz, Cristian Fortunato, Hernán Oviedo, Rubén Villalba, Gabriel Sánchez, Marcelo Dipierro, Leandro Ose, Gonzalo Cuello y Ángel Sosa, quienes se desempañaban en la comisaría de Mariano Acosta, partido de Merlo. También está acusada la pareja del ex oficial principal Giménez, Aixa Soledad Sosa, la única civil.

En la audiencia realizada ayer en el Tribunal Oral 5 de Morón, donde se desarrolla el juicio por el crimen de Gorosito, se leyeron los alegatos de los fiscales Antonio Ferreira, Ezequiel González y Alberto Moyano, quienes pidieron reclusión perpetua para los responsables directos del crimen, y penas de 10 a 13 años para el resto.

Por su parte, la querella, integrada por los abogados Silvio Alfonzo y Raúl Quinteros, exigió reclusión perpetua para todos los policías, y 10 años de prisión para la única civil imputada en el caso.

En tanto, la defensa de los policías acusados tiene previsto alegar entre el 10 y el 11 de julio, previo a la sentencia que se conocerá tras la feria judicial. Esta última se espera para el 15 de agosto.

Gorosito, quien tenía apenas 22 años, apareció sin vida el 15 de agosto 2010 flotando boca abajo en la zanja de un descampado de Mariano Acosta. La querella sostiene que los policías lo asesinaron porque el joven mantenía una relación sentimental con la mujer de uno de ellos, Aixa Sosa, también imputada por el crimen.

El juicio comenzó el 6 de mayo último y se lograron presentar pruebas contundentes contra los agentes involucrados. Algunos de los testigos, que reconocieron a los policías, denunciaron haber sido amenazados antes de declarar, al igual que lo hicieron los padres de la víctima, Teresa Viera y Carlos Gorosito, que recibieron intimidaciones durante todo el proceso.

Tras las denuncias, el Ministerio de Justicia y Seguridad decidió pasar a disponibilidad a seis de los policías acusados que aún se encontraban cumpliendo funciones en distintas comisarías del Conurbano.

Por su parte, el Tribunal que lleva a cabo el juicio decidió levantar las restricciones que había impuesto sobre la prensa, por lo que el tramo final del proceso podrá ser cubierto y transmitido por los medios de comunicación.