Ecuador ya tiene su propia Ley de Medios

La norma -aprobada sin debate por la Asamblea ecuatoriana- introduce la figura del «linchamiento mediático», que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar a personas y crea un órgano que se encargará de la «vigilancia, auditoría, intervención y control» y tendrá «capacidad sancionatoria» sobre la actuación de medios.

La Asamblea de Ecuador, con mayoria oficialista, aprobó hoy la nueva Ley de Comunicación que busca «democratizar» a todo el sector y que fue criticada por medios privados y la oposición que la calificaron como «ley mordaza».

La aprobación se hizo sin debate, y la ley logró una mayoría absoluta en las siete votaciones en la Asamblea, en la que el oficialista Alianza País (AP) cuenta con 100 de los 137 legisladores.

Los diputados correístas al aprobarse la ley, aplaudieron de pie visiblemente emocionados y gritaron: «alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por América Latina», entre otras consignas.

«Ningún proyecto de ley ha sido tan debatido, tan socializado como el proyecto de Ley de Comunicación», sostuvo el legislador Mauro Andino, de AP.

«De hoy en adelante, la palabra ya es de todos», dijo Andino, quien entregó ayer el texto final con las últimas observaciones a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira.

Según Andino, quien calificó este día como «histórico», la ley garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión y prohíbe la censura previa.

Entre las novedades está la figura del «linchamiento mediático», que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

También crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la «vigilancia, auditoría, intervención y control» y tendrá «capacidad sancionatoria» sobre la actuación de medios de comunicación.

Por su parte, desde la oposición se calificó la jornada como «un día fúnebre» y señalaron al proyecto como una «ley mordaza», ya que tanto la figura del linchamiento como la Superintendencia pueden «neutralizar» la acción de la prensa.