La Justicia pidió a Suiza información por lavado sobre el Grupo Clarín y 469 personas

El juez federal Sergio Torres le pidió a la justicia de Suiza que informe si un extenso listado de empresas y empresarios argentinos poseen cuentas en el sistema bancario helvético. Lo hizo en el marco de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país.

El juez aguardó en vano una respuesta por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre información reclamada a lo largo de los últimos tres años, relacionada a las supuestas actividades ilegales por las que Arbizu no sólo mencionó a sus presuntos clientes, sino que también se autodenunció como parte de esa maniobra.
El juez dispuso librar un «exhorto diplomático al juez competente con jurisdicción en la ciudad de Berna, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal» entre ambas naciones, «a fin de que a través de alguna autoridad financiera central de control o por otros medios, pero en todo caso SIN la intervención directa del JP Morgan Chase Bank sucursal suiza, se informe si las cuentas bancarias que surgen del listado adjunto se corresponden a titulares de cuentas» en la filial helvética de la banca Morgan. La nómina con los números de cuenta y sus titulares fue acompañada por otro requerimiento internacional, de similar carácter, a las «autoridades judiciales con competencia en la Bailía de Guernsey, dependiente de la Corona Británica.» Se trata de una pequeña isla de menos de mil habitantes y unos 80 kilómetros cuadrados, situada frente a la costa de Normandía e identificada como un «paraíso fiscal».
Torres resolvió en las últimas horas «librar oficio a la AFIP a fin de que remita al tribunal un informe relacionado con la situación patrimonial, económica y financiera de las 469 personas físicas y jurídicas señaladas, desde el año 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse los siguientes rubros: actividad, ingresos, bienes personales y situación patrimonial, especificando además si en la presentación anual correspondiente u otra pertinente, tales sujetos denunciaron poseer cuentas en el extranjero.
También la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un pedido para que «aporte un informe pormenorizado sobre la consistencia de la situación patrimonial y financiera de las 469 personas, en función de las disposiciones y exigencias de la Ley 25.246». Esa norma, promulgada el 5 de mayo de 2000, durante el gobierno de la Alianza, establece el «deber de informar» las supuestas maniobras de «encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo». Torres quiere saber si la filial local del JP Morgan «ha observado tales disposiciones y demás normas», es decir si cumplió o no con la ley argentina.
La UIF también deberá requerir «informes a las respectivas unidades de Información Financiera en Suiza y Estados Unidos a fin de que estas informen si las personas físicas y jurídicas que obran en el listado poseen cuentas a su nombre en el sistema financiero y se indiquen saldos.»
El juez también requirió con carácter de «urgente» a la Inspección General de Justicia «un informe pormenorizado a fin de detallar las participaciones societarias respecto de las 469 personas físicas y/o jurídicas, discriminándose la firma, su composición accionaria o cuotas partes, capital social y si ostentaban algún cargo en la dirección o representación de las mismas. Asimismo, deberá informar el tipo societario con el que opera la firma JP Morgan en la República Argentina y adjuntar datos de los directivos y responsables de dicha entidad bancaria.» A la Comisión Nacional de Valores (CNV), el juez le pidió «toda la información de que disponga en el ámbito de su competencia en relación a JP Morgan Chase S.A. sociedad de bolsa, y si respecto de ella se ha realizado (en ejercicio de su poder de policía) una inspección, y en caso afirmativo, cuáles han sido las conclusiones.»
JP Morgan Chase tenía un sector denominado «Banca Privada» situado en el piso 22 de las oficinas de Avenida Madero al 900, de esta Capital, entre enero de 2006 y diciembre de 2011, según se desprende del requerimiento del juez. Por allí, según Arbizu, pasaban las operaciones que denunció y que forman el objeto procesal de la causa de Torres. El juez quiere saber todo sobre esas oficinas, y por eso le pidió al Banco Central y al gobierno porteño si estaban habilitadas para operar comercialmente y, en caso afirmativo, se le remitan el listado «donde se encuentran asentadas todas las operaciones de cambio de divisas de los clientes mencionados por Arbizu».