Casi sin pruebas Casal quiere cerrar el caso del testigo muerto del Caso Candela

Su subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, dio el primer paso en ese sentido al descartar de plano que la muerte del testigo del caso Candela “se haya tratado de un homicidio». Dos de los legisladores que investigarán el hecho desde el Senado coincidieron en que es “muy apresurado” aventurar una afirmación de ese tipo cuando existen más dudas que certezas.

La muerte del testigo protegido Roberto Aníbal, a causa de las quemaduras que sufrió en la dudosa explosión de la vivienda que le alquilaba el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, reavivó el foco de sospechas sobre la Bonaerense y reflotó el Informe Candela del Senado, donde se recomienda, entre otras cosas, separar a una treintena de policías por el crimen de la niña y su conexión con el narcotráfico de San Martín. Uno de esos efectivos es nada menos que el propio jefe de la fuerza, Hugo Matzkin.

En el caso Aníbal interviene el fiscal de la UFI N° 8 de Moreno, Federico Luppi, quien recién comenzó la investigación y aún no tiene pruebas concluyentes que permitan determinar si el testigo fue asesinado o murió como consecuencia de un accidente. Sin embargo, para el ministro Ricardo Casal, se trata de un caso que debe ser cerrado cuanto antes.

Mientras la Cámara alta bonaerense convocaba el jueves a la comisión que investigó el crimen de Candela Sol Rodríguez para analizar este nuevo hecho y la causa que se lleva adelante, el ministro de Justicia y Seguridad instruía a su subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, para que diera el primer paso de la Operación Accidente.

De esta forma, el subordinado de Casal salió a descartar que la muerte de Aníbal “se haya tratado de un homicidio” porque en la investigación de Luppi, según dijo, “queda absolutamente claro que no hubo un ataque externo sino una implosión de adentro hacia fuera”.

“Las pericias que condujo el fiscal en persona dentro de la vivienda demostraron que la explosión se debió a un escape de gas que se acumuló y entró en combustión por la chispa de algún aparato eléctrico. No hay rastro de pólvora ni explosivos”, agregó Albarracín, sin poner en consideración que tanto una de gas como un chispazo pueden ser provocados intencionalmente.

AgePeBA consultó sobre el tema a Jorge Ruesga (FPV-PJ) y María Isabel Gainza (Coalición Cívica), dos de los senadores que el próximo martes comenzarán a investigar la muerte del carnicero Aníbal desde la Comisión Candela.

“Me parece que es muy apresurado que, a pocas horas de haber ocurrido la explosión que le costó la vida a este testigo, se hagan declaraciones tan contundentes en un solo sentido. Hasta que no estén todas las pericias y se determine qué sucedió, no podemos aventurar una afirmación de esas características”, sostuvo Ruesga.

El legislador, que preside la Comisión Especial para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez, explicó que el cuerpo está facultado para “citar a funcionarios, testigos y a distintas personas que han tenido algún grado de participación en este hecho tan lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que Aníbal contaba con una custodia policial, y este no es un tema menor”.

“No es tan sencillo dejar al caso cerrado. Es muy extraño todo lo que ha llevado a la muerte del testigo. Por el bien de la sociedad y especialmente de su familia, este hecho tiene que esclarecerse lo más rápido posible”, dijo.

La senadora María Isabel Gainza coincidió con Ruesga al sostener que “no existe todavía un peritaje lo suficientemente profundo y científico como para que a todos nos quede claro qué fue lo que pasó realmente”.

“Desde cualquier dirigencia de la Policía pueden decir que lo de Aníbal fue un accidente, pero nadie lo va a creer mientras existen dudas. Por eso, impulsamos una investigación desde la Procuraduría de la Suprema Corte y desde el Senado para buscar pruebas desde otros lugares”, señaló.

Gainza recordó que durante su declaración ante la Comisión Candela, en julio del año pasado, Aníbal dijo que “hubo situaciones que lo llevaron a vivir atemorizado o amenazado” como testigo de identidad reservada.

“Yo estuve repasando el testimonio que brindó a la Comisión en su momento y relataba agresiones concretas: el tiroteo a su casa, los disparos en una pierna, las amenazas constantes, la pérdida de contacto con su familia”, enumeró.

Además, dijo que “Aníbal marcó a altos jefes de la Policía Bonaerense por la situación que estaba viviendo y también responsabilizó al fiscal que actuaba en la causa (Marcelo Tavolaro) por dar a conocer su identidad, algo gravísimo”.

Gainza lamentó que el Ejecutivo provincial “no haya tomado nota” de las recomendaciones que hizo el Senado en el Informe Candela, pero aseguró que a partir de esta investigación “estamos en condiciones de buscar una forma de acción que vaya por otros carriles, de tal manera que podamos saber en qué circunstancias murió Aníbal”.