El caso Severo y las complicidades peligrosas de Clarín y La Nación
El secuestro del ex ferroviario Alfonso Severo, testigo clave en la causa que investiga a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra, puso al descubierto la metodología de la llamada “cadena privada e ilegal de mentiras”.
La ausencia de información sobre su los hechos que derivaron en su desaparición y posterior “aparición”, la siembra de dudas sobre la víctima y la instalación de la hipótesis del “autosecuestro”, todo conformó un recorrido por las tácticas manipuladoras de una prensa que utiliza a las víctimas para la disputa política contra el gobierno nacional, y las deslegitima cuando manifiestan su apoyo al FPV.
El pasado 3 de octubre, cerca de las 23:30 horas, Alfonso Severo se dirigía hacia la casa de su nieto cuando fue abordado por dos hombres armados que lo introdujeron en una camioneta y lo mantuvieron en cautiverio durante casi 22 horas. Silvia Núñez, su esposa, radicó la denuncia por su desaparición a las 3:20 de la madrugada en la comisaría de Gerli. El Renault Clío en el que se desplazaba apareció al mediodía del día siguiente, horas antes de que recuperara su libertad el testigo.
Cerca de las 22 horas del día 4, Severo fue liberado y apareció maniatado con precintos de plástico, vendado, golpeado, deshidratado y en estado de shock. El único de varios vecinos que se animó a ayudarlo realizó dos llamados al 911, con resultado negativo. Tras comunicarse con sus familiares, fue asistido en el Hospital Municipal de Avellaneda.
Las circunstancias de su desaparición fueron cuestionadas desde el principio por los principales medios nacionales. Severo desapareció la noche anterior a la declaración que tenía que prestar por el asesinato de Mariano Ferreyra. Iba a ampliar su declaración hecha en la etapa de instrucción de la causa, donde aseguró que el 19 de octubre, un día antes del asesinato de Mariano, todo el personal de Ferrobaires fue citado a instancias del delegado de la Unión Ferroviaria, Humberto Martínez. La idea era ir al día siguiente a “impedir” un corte de vías en la estación de Avellaneda por un grupo de trabajadores tercerizados.
«El que no viene, que se olvide de todo», amenazó Martínez. También afirmó que la empresa era manejada directamente por José Pedraza, titular de la UF, y que tanto en esa empresa como en el Museo Ferroviario de Avellaneda, se escondían armas y se efectuaban prácticas de tiro. A su vez, pudo identificar a través de videos de la escena del crimen, a varios agresores como integrantes de Ferrobaires y de UGOFE.Un día después del asesinato de Ferreyra, extraños tirotearon su vivienda y es víctima de constantes amenazas tras sus declaraciones. Según aseguró, hay varios implicados que puede identificar y todavía no son investigados por los hechos.
La noticia de la desaparición de Severo no se vio reflejada en los diarios Clarín y El Día sino hasta su aparición con vida. En el caso del primero, y pese a que su secuestro tenía en vilo al país, recién mencionó el caso el viernes 5, relativizando los hechos. Así, Severo “dijo haber sido arrojado desde un auto en una zona ferroviaria conocida como Kilo 4”, “dijo tener golpes en la cabeza y un fuerte dolor en el pecho”, sembrando sospechas respecto de sus declaraciones. Como por si no quedaba claro, reforzó la duda: publicó que “la policía consideró ‘extrañas’ las condiciones en que apareció Severo. Pero no quiso arriesgar una hipótesis”.
El echar mano a cualquier fuente, nunca identificable y siempre vagamente mencionada, como “la policía”, para reforzar la estigmatización sobre un trabajador ferroviario que no escondió sus simpatías hacia el gobierno nacional, y que se animó a decir que los hechos encerraban un mensaje a la Presidenta, lamentablemente no son infrecuentes cuando de confrontar con el gobierno se trata. El recorte de declaraciones y su descontextualización, tampoco. Así, Clarín menciona que el “único” funcionario que se refirió al caso fue el Ministro de Justicia, Julio Alak, y que lo hizo para “despegar” al gobierno de la responsabilidad de proteger a los testigos, afirmando que Severo no había solicitado ingresar al programa nacional de protección de testigos, y que el caso merece que se investigue, en todas sus hipótesis.
Acto seguido, el diario remata: “Es llamativo, agregó (Alak)”. La idea de mostrar a un Ministro de Justicia que duda de la propia víctima no fue una estrategia privativa del diario del multimedios. La Nación, el mismo día publicó que el Ministro “volvió a insistir que el hecho debe ser investigado a fondo. En este sentido advirtió: ‘Creo que hay que investigar la diversidad de hipótesis que pueden rodear la desaparición’ (…) El funcionario remarcó también que Alfonso Severo no fue un testigo presencial en el asesinato de Mariano Ferreyra.” El intento de atribuir a otros intencionalidades propias quedó de manifiesto cuando Alak aclaró en una entrevista en Página/12 del domingo pasado que “Me parece que no hay que limitarse a investigar la desaparición de él, sino que debe vincularse la desaparición con las causas y con los hechos y con la red que él denunció en la causa sobre Mariano Ferreyra”. En ese sentido, El Día completó los dichos del ministro, mencionando que había que investigar todas las hipótesis sobre el secuestro “a partir de las ‘gravísimas denuncias’ que realizó el testigo”.
Otras de las estrategias utilizadas para quitar credibilidad a la víctima se centraron en las dudas sobre su círculo íntimo y la publicación de comunicados apócrifos de Ferrobaires. La Nación hizo eje en la esposa de Severo, haciendo hincapié en que cuando oficiales de la Brigada Antisecuestros de la Policía Federal fueron a su casa para tomar declaración a los familiares, “justo en ese momento recibieron la llamada telefónica en la que señalaban que Severo estaba vivo”. El diario afirma que “según dijeron investigadores del caso, la mujer no quería ir a la fiscalía”. Pero con la maquiavélica hipótesis de la orquestación del autosecuestro entre Severo y su esposa no bastó. Otra vez la alusión a fuentes vagas e imprecisas buscó rematar las sospechas:» ‘Con la experiencia que tiene Campagnolli en secuestros, esto no es común. Se está analizando la reacción de la mujer y el resto de las evidencias, pero no cierra como un secuestro’, dijo a LA NACION una fuente que investiga el caso” (La Nación, 05/10/12).
El mismo día, La Nación violó un principio básico en el ejercicio del periodismo: el chequeo de la veracidad de la información antes de decidir su publicación. Así, en la pieza “Ferrobaires involucró a Alfonso Severo en siete causas judiciales y lo culpó de ‘autoatentado’ ” publicada a las 16:39 horass, dieron por veraz un comunicado que fue desmentido por la empresa donde supuestamente Ferrobaires expresaba que Severo había sido desvinculado de la empresa debido a las “gravísimas injurias laborales cometidas por el mismo que hicieron absolutamente imposible la prosecución del vínculo laboral» y que, según declaró un testigo reservado “fue el propio Severo quien dio la orden para que pudieran tirotear su domicilio tras esperar que la gente del barrio se fuera a dormir». Más grave aún fue la enumeración de siete supuestas causas penales que tiene la víctima, por los delitos de desvío de fondos, amenazas, daño y abuso de armas.
Menos de tres horas después, a las 19:16 La Nación se veía en la obligación de publicar “Ferrobaires desmiente haber acusado a Severo”, donde un comunicado oficial de la empresa acusaba de apócrifo el comunicado del que algunos medios se hicieron eco, e informaba que se estaban investigando las circunstancias del sabotaje interno. Un camino similar siguió el matutino de los Noble en la pieza “Declaró el testigo del caso Ferreyra y hay dudas sobre su desaparición” donde se afirma que “Severo dijo que estuvo secuestrado y que fue ‘un mensaje para la Presidenta’. Los investigadores sospechan”. En otra pieza aseguran que “antes de que Severo apareciera con vida, desde la UF hicieron circular sus antecedentes penales, que incluyen causas por robo, lesiones y amenazas” y que fue “denunciado como parte de la ‘mafia de las tarjetas de débito’ que cobraba salarios de empleados fantasmas”. Clarín, a diferencia de La Nación, ni siquiera se preocupó por desmentir el comunicado apócrifo.
Pero si en la carrera por deslegitimar la credibilidad de Severo un medio llegó demasiado lejos, ése es Clarín. Despojándose de todo escrúpulo y de todo principio de realidad, el medio creyó ver en el secuestro de Severo “sospechosas similitudes” con otro caso: el de Luis Gerez, que tras declarar en un juicio contra el represor Luis Patti, fue secuestrado entre el 27 y el 29 de diciembre de 2006. En esa ocasión, un discurso encendido del entonces presidente Néstor Kirchner, que aseguró no permitir extorsiones de ningún tipo, generó tal presión a los captores de Gerez que decidieron liberarlo. Recuérdese que Gerez ha denunciado a Patti por torturas en 1972, y su testimonio fue clave para impedir su asunción en el Congreso.
Sin embargo, Clarín encuentra entre las coincidencias, la de la sospecha. Así, en la pieza publicada el pasado 6 de octubre titulada “Las similitudes con otro episodio extraño”, se deja en claro que las semejanzas entre los dos secuestros giran en torno a las ‘sospechas’ generadas: “El ‘secuestro’ y posterior reaparición de Alfonso Severo, testigo en la causa del crimen de Mariano Ferreyra, hizo recordar al caso de otro testigo, Luis Gerez, quien había declarado en un juicio contra Luis Patti. Gerez estuvo dos días ‘desaparecido’, a fines de 2006”. El entrecomillado de la palabra secuestro junto al nombre de Severo es toda una posición al respecto. Y continúa: “las sospechas tardaron unos días en aparecer hasta que se vieron los hilos de la operación mediática del Gobierno”.
Según el diario del multimedios, tanto la desaparición de Gerez como la de Severo fueron parte de una “operación mediática” del gobierno. Tan delirante hipótesis solo encuentra explicación en una realidad “velada” que deja entrever el medio: tanto con Gerez como con Severo, Clarín puso en marcha una operación mediática tendiente a imponer la hipótesis del autosecuestro, ya que las víctimas tenían en común sus simpatías al gobierno nacional, archienemigo del Grupo Clarín, enfrentado a muerte por el artículo 161 de la Ley de Medios que la empresa se empeña en incumplir. De hecho, otra de las “similitudes” sospechosas halladas por Clarín es justamente la filiación política de ambos testigos. Pero no se detiene allí: las sospechas bordean el absurdo cuando asegura que resulta extraño que “si hay algo que la televisión pública no tiene son primicias, pero tanto en 2006 como ahora los periodistas del canal fueron los primeros en tener la exclusiva con los ‘secuestrados’ ” Comillas otra vez. El delito de presentar una primicia por parte del canal público parece imperdonable.
Por último, Clarín asegura que otra cosa en común es “la desmemoria” ya que los testigos “En ambos casos sólo relataron vaguedades.” ¿Cómo puede un medio saber cuáles fueron las declaraciones hechas por Severo tras su secuestro, cuando se abstuvo de comunicarlas a la prensa? ¿Pueden considerarse “vaguedades” los testimonios de ambos secuestrados, cuando uno permitió la individualización de involucrados en el asesinato de Ferreyra, y el otro dio datos sobre delitos de lesa humanidad cometidos por Patti que impidieron su asunción en el Congreso? Lo que sí resulta clara es la estrategia desplegada por Clarín: si una víctima de secuestro es kirchnerista, “miente”, no es un caso de inseguridad sino político y fue “armado” por el gobierno nacional.
Aunque resulte increíble, en la nota de opinión titulada “El intento de imponer una visión” publicada el pasado 6 de octubre, Clarín acusa al gobierno nacional de “haber perdido todo rumbo” en su “afán por imponer su particular visión de la realidad”. Tal es la indignación tras las declaraciones del Ministro Alaksobre la vinculación del secuestro de Severo con un intento de amedrentar a la Presidenta, en un contexto de fuertes pujas por la implementación del artículo 161 de la Ley de Medios. Y prosigue: “no sólo realiza afirmaciones francamente ridículas, sino que, lo que es más grave, incurre en comportamientos reñidos con reglas básicas de una democracia constitucional.La vinculación del hasta ahora no aclarado secuestro de Enrique Severo con el Grupo Clarín y con el mítico ‘7 D’ es sencillamente absurda (…) Resulta intolerable en una República la pertinaz ofensiva de propaganda (del Gobierno)”.
Claro es que para el matutino no resulta intolerable, ridículo ni reñido con los preceptos democráticos el ocultar información, el estigmatizar a una víctima de secuestro y deslegitimar la veracidad de sus dichos por el único motivo de ser Kirchnerista. La actitud deleznable de un medio que busca revictimizar a sus víctimas con el sólo propósito de confrontar con un gobierno que no está dispuesto a consentir sus intereses monopólicos resulta francamente indignante. Claro que cuando las declaraciones de aquellas víctimas estigmatizadas son funcionales a la intencionalidad editorial del medio, vuelven a tener credibilidad.
Así, tanto en el caso de Clarín como en el de La Nación, cuando Severo se desvinculó de las declaraciones de Alak, asegurando que su secuestro no tenía relación con la Ley de Medios, volvió a convertirse en una creíble víctima de secuestro. Ahora La Nación recordaba que “Alfonso Severo no tiene paz. Después de pasar un día privado de su libertad y de soportar las dudas sobre su secuestro, ayer se le sumó la vinculación de su caso que intentó hacer el ministro de Justicia, Julio Alak, con la implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual”.Un oportunismo político sin límites al que Clarín también adscribió:“en menos de 48 horas, el funcionario(Julio Alak) mintió. Lo hizo primero al vincular el misterioso secuestro de Alfonso Severo con la Ley de medios. Y lo volvió a hacer cuando, al ser corregido por la propia víctima, dijo que él no había dicho lo que si había dicho (…) ‘¿Ley de Medios? No sé qué es’, dijo el testigo que desapareció durante angustiosas horas la semana pasada. Ahora desaparecieron las comillas, ahora sí desapareció durante horas “angustiosas”.
Frente a tanta manipulación de la información, creación de fantásticas teorías conspirativas, y deleznable oportunismo político, el único medio de los analizados que trató el tema con seriedad fue el platense diario El Día, al que no se lo puede identificar ideológicamente con el Gobierno. Fue el único capaz de no hacerse eco de comunicados apócrifos, ni de sembrar dudas respecto del secuestro de Severo informando que la hipótesis del autosecuestro “era la más floja, ya que en el auto hallado al mediodía se encontraron las llaves puestas, los documentos y dinero de Severo”. Sólo en El Día se informó que “Alfonso Severo, señaló que pudo ver a uno de sus secuestradores y elaboró un ‘identikit’ ”. Frente al derecho al acceso a la información de los pueblos, cabe reflexionar acerca de los fundamentos de un periodismo que sea ciertamente objetivo, pero cuya objetividad no signifique ocultar posicionamientos tras el velo de una mentirosa imparcialidad. Recordar que la información debe poder ser contrastada mediante diversas fuentes de información para ser verídica hace al ejercicio del periodismo, requisito sin el cual cada vez resulta más dificultoso distinguir la diferencia entre una noticia y un aviso comercial.