Buscan acelerar la Ley que regula la venta de telefonía celular
La Legislatura bonaerense avanza en la sanción definitiva de un proyecto de ley para evitar el uso indebido de las tarjetas SIM de los celulares y poder identificar rápidamente al titular de la línea en investigaciones penales.
El delito vinculado a la comercialización de equipos de telefonía celular en la provincia de Buenos Aires parece ser una problemática que no cesa. Para ello, la
El proyecto impulsado por la diputada Verónica Couly (Frente Renovador), dispone la creación de un “Programa de Prevención y Lucha contra el Uso Indebido de la Telefonía Celular en la Comisión de Delitos”, y así, identificar al propietario de cada línea de teléfono y controlar los puntos de ventas donde se adquieren las tarjetas SIM (denominados chip).
La iniciativa ahora puesta a consideración del Senado contempla un previo acuerdo con las empresas de telefonía celular para la creación del registro en territorio bonaerense.
Uno de los puntos destacados de la presente ley es que las tarjetas SIM aptas para celulares sean comercializadas en comercios o agencias habilitadas y lleven un registro digital con el nombre de la empresa prestadora, nombre, D.N.I, domicilio de la persona que adquiere el chip, y datos del vendedor.
Además, se creará un registro de teléfonos móviles perdidos, robados, usados o vinculados a un delito para determinar qué línea está extraviada o suspendida en casos donde la justicia requiera información.
Cabe aclarar que el registro no es público y solo se podrá acceder a los datos por orden la justicia.
Al respecto, Couly explicó que en la provincia de Buenos Aires “las tarjetas SIM pueden adquirirse en cualquier comercio, como kioscos, panaderías, almacenes, sin ningún control; para ello, con este proyecto buscamos identificar los puntos de venta de los chip, contar con un libro para la compraventa de las líneas y crear registros de comercialización y de teléfonos perdidos y robados”.
El proyecto de Ley fue aprobado por la Cámara de Diputados a fines del 2012 y busca la sanción definitiva en el Senado.