Repudian convenio entre Cablevisión y el Banco Provincia

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de declaración de Nuevo Encuentro que cuestiona el convenio entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la empresa Cablevisión, por el cual se ofrecen descuentos a los clientes de la banca pública que adhieran al cableoperador y al servicio de Internet de Fibertel.

El presidente del bloque de legisladores bonaerenses de NE, Adrián Grana, afirmó que “resulta altamente repudiable que el banco público de todos los bonaerenses promueva la posición oligopólica de cablevisión en el mercado. Y que lo haga mientras el gobierno nacional a través del AFSCA mantiene una disputa judicial contra el Grupo Clarín, quien desafía permanente la democracia incumpliendo una ley que tiene como objetivo la desmonopolización del mercado y la diversificación de las voces, mientras el Defensor del Pueblo de la Provincia promueve una acción colectiva contra Cablevisión en defensa de los usuarios para que se respete su derecho a acceder al servicio a cambio de una tarifa razonable y mientras el Gobierno Nacional, en uso de sus legítimas facultades legales declara la caducidad de la licencia de Fibertel para ofrecer y explotar el servicio de Internet.”

“La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declara su preocupación por el convenio efectuado entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la empresa Cablevisión, en donde se promueve la suscripción de nuevos clientes para este firma que actúa de manera oligopólica e ilegítima, como tal o con el nombre de fantasía Fibertel, sin respetar las más elementales normas de las instituciones de la democracia y el derecho constitucional de usuarios y consumidores”, señala la declaración aprobada este jueves.

“El gobierno de la Provincia no hace otra cosa que auspiciar y promover junto a estos grupos las evidentes desobediencias a las normas”, dice en sus fundamentos el proyecto aprobado. Además cuestiona que a través de esta promoción “el Banco Público oficial incite a que el mercado de la comunicación audiovisual esté cada vez más concentrado beneficiando a la empresa más grande, que además actúa desde la ilegalidad, va en contra de los principios constitucionales básicos que se deberían respetar, que en el caso de los usuarios y consumidores, debería la promoción de la libre competencia, la pluralidad de oferentes, la defensa de la menor tarifa y el mejor servicio”.