Aseguran que Scioli no se preocupa por «las políticas en cuestiones de género»

Todos los días una nueva víctima y “el gobierno provincial no tiene políticas, por decisión de gobernador“, opinan dirigentes del organizaciones sociales que trabajan en Buenos Aires, donde los casos de violencia extrema contra mujeres van en grave aumento.
Las organizaciones que trabajan día a día con este tipo de casos exigen al gobernador Daniel Scioli que aplique la ley sancionada en octubre del año pasado para declarar la “emergencia social” en la Provincia, y que se adopten medidas para atender el problema como corresponde.

En dialogo con AgePeBa, la referente de “Mujeres del Encuentro” en la tercera sección electoral, Ana Moreno, realizó un balance de la situación, después del nuevo caso en Ingeniero Budge, en el que una joven de 17 años fue prendida fuego, aparentemente por su pareja.

“El balance es catastrófico, porque en lo que va del año, hay casi un caso por día, y creo que no hubo otro momento histórico como este”, sostuvo.

Por esta situación, Moreno consideró que la aplicación de la ley de la ley de emergencia es “muy necesaria” para modificar la situación en los sistemas de prevención y atención de este tipo de casos, y que durante el año pasado “no dieron a basto” en la atención de denuncias. También destacó que hubo falencias en el funcionamiento de los centros de atención y Comisarías de la Mujer.

“La ley no se aplica porque no hay una decisión real del Scioli para hacerlo, porque la norma se votó con mucho consenso en la Legislatura y fue una construcción muy importante en esa materia, porque era algo que veníamos pidiendo desde muchos espacios”, dijo la dirigente social.

“El vaciamiento en las políticas de género es una clara decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires y de quienes tienen que llevar a cabo estas cuestiones importantes para el control de los casos”, agregó Moreno.

Además, la referente señaló la gravedad de la conducta del sistema judicial, el que, con “decisiones polémicas, favorece a los acusados”, como en los casos de Marita Verón y Erica Soriano.

“Hay una clara inacción en la Justicia, donde con claridad los jueces necesitan abrirse un debate de cara a la sociedad, porque con esos fallos dan luz verde a conductas lesivas contra la mujer”, señaló.